Evo Morales solicita protección provisionales a la Corte IDH y acusa que Rodrigo Paz pretende “atentar” contra su vida

El expresidente de Bolivia Evo Morales presentó una solicitud de medidas provisionales ante el sistema interamericano de derechos humanos, al considerar que su vida y su seguridad se encuentran en riesgo durante el Gobierno de Rodrigo Paz Pereira.

El pedido fue presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), organismo que canaliza este tipo de solicitudes hacia la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). Estas medidas están destinadas a situaciones de gravedad y urgencia en las que una persona pueda sufrir un daño irreparable. Hasta ahora, no existe una respuesta al planteamiento.

La documentación sostuvo que el hostigamiento en su contra se habría intensificado con la actual administración. Su presentación describe acciones que atribuye a agentes estatales, entre ellas persecución judicial, intimidación, acoso político y restricciones destinadas, según su denuncia, a reducir su actividad pública.

Morales advierte también sobre la posibilidad de que el Gobierno recurra a mecanismos como un estado de sitio o limitaciones a sus desplazamientos para restringir su presencia territorial y política. Se describe un agravamiento reciente bajo el actual gobierno, siendo atacado por agentes estatales a través de acoso político, persecución judicial, hostigamiento, intimidación y calumnias.

Como antecedente, la presentación mencionó las declaraciones realizadas el 2 de agosto por el entonces comandante de la Policía Boliviana, general Mirko Sokol, quien afirmó que “no es una prioridad detener a Evo Morales porque la causa no es sólida”. Poco después, Sokol fue removido de su cargo.

Tras su salida, según la documentación presentada por Morales, una orden nacional estableció como prioridad su detención. El expresidente interpreta esta sucesión de acontecimientos como parte de una estrategia oficial dirigida en su contra.

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El caso Cerimedo aparece en el pedido

La denuncia ante el sistema interamericano también se relaciona con el proceso judicial contra el argentino Fernando Cerimedo, detenido por el intento de feminicidio de su expareja, Nadia Beller.

Morales sostiene que existiría un acuerdo entre Paz y Cerimedo y afirma que esa presunta relación representa una amenaza para su seguridad. También denuncia que se pretende vincularlo con el ataque sufrido por Beller para afectar su posición política.

Según la presentación, entre los elementos aportados figuran audios de conversaciones entre Paz y Cerimedo que ya fueron judicializados, declaraciones de funcionarios y el testimonio de Beller sobre las circunstancias previas al ataque.

El documento también menciona videos difundidos por uno de los supuestos sicarios. En relación con esta hipótesis, el material señala que Página/12 ya había informado sobre el supuesto intento de vincular a Morales con el atentado contra Beller. Por tanto, esta referencia corresponde a lo publicado por ese medio y forma parte de los argumentos expuestos en la presentación del exmandatario.

Sus abogados cuestionan la protección estatal

La solicitud cuenta con el respaldo del exjuez Raúl Zaffaroni y del constitucionalista Raúl Gustavo Ferreyra. Ambos sostienen que el contexto denunciado impide que Morales pueda recurrir a las instituciones estatales bolivianas para obtener garantías efectivas de protección.

La argumentación presentada ante la CIDH plantea, precisamente, que la hostilidad institucional denunciada deja al expresidente sin una instancia estatal a la cual acudir para resguardar su seguridad.

Con este recurso, Morales busca que el sistema interamericano adopte medidas urgentes destinadas a proteger su integridad física y sus derechos fundamentales, mientras la CIDH evalúa la solicitud y su eventual traslado a la Corte IDH.