Proyecto de ley en Uruguay busca prohibir las redes sociales a menores de 15 años con sanciones de hasta 340.000 dólares

El Parlamento de Uruguay estudia un proyecto de ley que fija en 15 años la edad mínima para crear y mantener cuentas personales en redes sociales y traslada a las plataformas la responsabilidad de impedir el acceso de quienes no cumplan con ese límite.

La iniciativa fue presentada por el diputado del Partido Colorado, Felipe Schipani, y todavía debe completar su trámite parlamentario, por lo que sus disposiciones no están vigentes. La propuesta busca responder a riesgos de estas plataformas durante la infancia y adolescencia, entre ellos el ciberacoso, acoso sexual en línea, sextorsión, difusión de imágenes íntimas y suplantación de identidad.

Dentro de la propuesta se establece que los proveedores deberán implementar mecanismos de verificación de edad que sean razonables, proporcionados, eficaces y auditables. Se pretende evitar que una simple declaración del usuario sobre su edad sea suficiente para cumplir con la normativa.

La obligación no alcanzaría a los padres, tutores ni a los propios menores. El texto los exime de responsabilidad civil, administrativa o penal, mientras que las eventuales sanciones recaerían sobre las empresas que incumplan las obligaciones.

Las multas podrían llegar a 20.000 unidades reajustables (aproximadamente 340.000 dólares), además de contemplarse, en los casos más graves y reiterados, la posibilidad de una suspensión temporal de la plataforma por orden judicial.

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Qué cambia para los adolescentes de 15 a 17 años

El proyecto no plantea las mismas reglas para todos los menores de 18 años. Quienes tengan entre 15 y 17 años podrían utilizar redes sociales, pero bajo un régimen de seguridad reforzada.

Entre las medidas previstas figuran perfiles configurados con el máximo nivel de privacidad, bloqueo de mensajes provenientes de adultos desconocidos, desactivación de la geolocalización pública y prohibición de indexar externamente los perfiles.

También se plantea suspender las notificaciones entre las 22.00 y las 7.00 horas, además de incorporar límites y recordatorios sobre el tiempo de uso. La publicidad basada en el perfilado comportamental quedaría prohibida. Las empresas tampoco podrían utilizar datos sensibles o inferencias sobre el estado emocional de los adolescentes para seleccionar anuncios.

Uno de los desafíos centrales será determinar cómo verificar la edad sin crear nuevos riesgos de vigilancia o recopilación excesiva de información.

El proyecto plantea que estos mecanismos solo puedan utilizar los datos indispensables para determinar si una persona supera el límite establecido y que esa información no sea reutilizada con fines comerciales. También prohíbe que la entrega permanente de una copia del documento de identidad sea el único mecanismo de verificación.

Para los menores de 15 años existirían excepciones destinadas a servicios educativos, de salud, mensajería interpersonal privada, bibliotecas y repositorios digitales, entre otros.

AGESIC y otros organismos tendrían un papel central

La implementación de la eventual normativa involucraría a varias instituciones. AGESIC, la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y del Conocimiento, tendría un papel central en la coordinación.

También participarían la Unidad Reguladora y de Control de Datos Personales, el Ministerio de Salud Pública (MSP), el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) y la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP).

La Universidad de la República tendría además un papel en la investigación independiente sobre aspectos como salud mental, sueño, rendimiento educativo y ciberacoso.

La propuesta llega mientras Uruguay desarrolla una consulta pública sobre el impacto de las redes sociales, plataformas digitales, videojuegos, algoritmos e inteligencia artificial en niños y adolescentes.

Un debate que mira a Australia y Francia

La iniciativa uruguaya toma como referencia experiencias internacionales.Australia estableció una edad mínima de 16 años para determinadas redes sociales, mientras que Francia avanzó con un límite de 15 años.

El caso australiano también sirve como advertencia sobre las dificultades de hacer cumplir estas restricciones: pese a la reducción de cuentas de menores, persisten mecanismos para evadir los controles.

Schipani sostiene que las plataformas dejaron de ser únicamente espacios de comunicación y se transformaron en entornos diseñados para captar atención, recopilar datos y personalizar contenidos. En su exposición de motivos advierte: "Un niño no debería ser perfilado para explotar sus inseguridades, impulsos o fragilidades".

El proyecto también cita investigaciones y referencias de organismos y especialistas sobre los posibles efectos de las plataformas en el sueño, la salud mental, la atención y las relaciones cara a cara.