Rodrigo Paz recibe las renuncias de dos ministros en plenas protestas en Bolivia que piden su dimisión

Los ministros bolivianos de Educación, Beatriz García, y de Defensa, Marcelo Salinas, presentaron su renuncia en medio de una crisis política y social que ya se extiende por más de cinco semanas, marcada por bloqueos de carreteras y protestas de campesinos, obreros y seguidores del exmandatario Evo Morales, quienes exigen la dimisión del presidente Rodrigo Paz.

La oficina de comunicación de Educación confirmó que García dejó el cargo, mientras que una fuente del Ministerio de Defensa indicó a la agencia EFE la renuncia de Salinas, sin detallar las causas. Ambos funcionarios asumieron sus cargos en noviembre de 2025, con la promesa de trabajar “24/7” junto al gabinete presidencial.

Según medios locales, Ernesto Justiniano, actual viceministro de Sustancias Controladas, se perfila para reemplazar a Salinas en Defensa, mientras que en Educación aún se evalúan posibles candidatos. La salida de ambos ministros se suma a la renuncia del ministro de Trabajo, Edgar Morales, ocurrida hace 13 días, quien fue reemplazado por el abogado Williams Bascopé.

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Autoridades importantes dejan a Rodrigo Paz

En el contexto de la crisis, García tuvo un papel directo con los sectores educativos movilizados, al promover mesas de diálogo y acuerdos, como la creación de un bono inicial de Bs 2.400 para el magisterio fiscal. Salinas, en tanto, lideró el despliegue de efectivos militares para garantizar corredores humanitarios en regiones afectadas por los bloqueos.

La decisión de dimitir se produce tras la escalada de protestas y bloqueos que afectan a ocho de las nueve regiones del país, con desabastecimiento de combustible, alimentos, medicamentos y oxígeno medicinal. Según EFE, los bloqueos dejaron al menos nueve fallecidos, seis de ellos por falta de atención médica, y pérdidas económicas superiores a US$1.900 millones.

Un nuevo frente ministerial

El presidente Paz había anunciado recientemente un reordenamiento ministerial para conformar un equipo “más ágil, más cercano y con mayor capacidad de escucha”, sin lograr contener las demandas de los sectores movilizados.

Ante la prolongación del conflicto, algunos actores proponen la aplicación de un estado de excepción sectorializado o un referéndum revocatorio, opciones que el Ejecutivo descartó hasta ahora. Además, el vicepresidente Edmand Lara considera anticonstitucional cualquier adelanto de consulta popular.