Gobierno de Rodrigo Paz inicia una operación policial y militar para levantar bloqueos en Bolivia

La Policía y las Fuerzas Armadas de Bolivia iniciaron una operación conjunta para despejar las principales carreteras bloqueadas en la zona andina desde hace 11 días por sectores campesinos de La Paz que exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz.

La intervención, denominada Corredor humanitario, moviliza a unos 2.500 agentes policiales y 1.000 militares bajo la supervisión de los comandantes Mirko Sokol y Víctor Hugo Balderrama.

El operativo tiene como objetivo garantizar el tránsito de alimentos, medicinas, oxígeno y ambulancias hacia La Paz, sede del Gobierno y del Legislativo, y permitir que los turistas retenidos en distintas zonas puedan regresar a sus países.

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Rodrigo Paz inicia el frente de acción

“No estamos yendo a enfrentar a nadie, simplemente a desbloquear las vías y proteger los derechos fundamentales establecidos en la Constitución”, declaró Sokol.

El despliegue se concentrará en las principales rutas afectadas, incluida la que conecta La Paz con Oruro y el oriente del país, una vía hacia Perú a través de Copacabana —localidad turística en el lago Titicaca— y un corredor al sur de la ciudad. Balderrama precisó que los militares participan como apoyo y no portan armas letales, aunque podrían usar agentes químicos si fuera necesario.

Las movilizaciones son lideradas por la Central Obrera Boliviana (COB) y la Federación de Campesinos 'Tupac Katari', mientras que seguidores del expresidente Evo Morales avanzan hacia la sede del Gobierno, con la intención de exigir la renuncia de Paz el lunes.

Los bloqueos han generado desabastecimiento de alimentos, combustible y oxígeno en hospitales de La Paz y El Alto, lo que provocó al menos tres muertes, incluida una ciudadana de Belice, según el Gobierno.

Pedidos humanitarios

La Defensoría del Pueblo y la Iglesia Católica han solicitado la apertura de corredores humanitarios y la creación de espacios de diálogo efectivo con los manifestantes. Por su parte, el Gobierno denunció un "plan macabro" atribuido a Morales para "romper el orden constitucional", supuestamente financiado por el narcotráfico, acusación que el exmandatario rechazó.

Con esta operación, las autoridades buscan restablecer la circulación en las carreteras clave y mitigar la crisis humanitaria, mientras continúan las tensiones políticas y las protestas en el país.