Nayib Bukele reforma Constitución para habilitar cadena perpetua a criminales en El Salvador

La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó una reforma constitucional impulsada por el gobierno de Nayib Bukele que permite imponer cadena perpetua a “homicidas, violadores y terroristas”. La iniciativa recibió el respaldo de 59 de los 60 diputados y elimina la prohibición previa de penas de por vida en el país.

El cambio legal deja atrás la condena máxima, que era de 60 años, y sigue la línea de su mandatario, quien asegura no cree en la reinserción social. "Es un delito continuado; las mismas reglas de las pandillas establecen que nadie deja de ser miembro hasta el día de su muerte", indicó en una declaración de la Presidencia.

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Miles de detenidos

El régimen de excepción, vigente desde marzo de 2022, se ha convertido en el eje de la política de seguridad de Bukele. Bajo esta estrategia, las autoridades han detenido a más de 91.300 personas sin orden judicial, en operativos masivos dirigidos a estructuras como Mara Salvatrucha y Barrio 18.

El ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, defendió la medida al señalar ante el Congreso que la "guerra sin cuartel contra los terroristas no se detiene". En su intervención, sostuvo que el país necesita garantizar que quienes cometen delitos graves no regresen a las calles.

La diputada Suecy Callejas, vicepresidenta del Parlamento, explicó que el objetivo es que los responsables "cumplan su pena para siempre" y no vuelvan a representar una amenaza. Según la legisladora, se busca dar una respuesta permanente a la violencia.

El sistema penitenciario salvadoreño registra la mayor tasa de encarcelamiento del mundo, con cerca de 1.700 presos por cada 100.000 habitantes, de acuerdo con el World Prison Brief. Este contexto ha intensificado el debate sobre la capacidad de las cárceles y el impacto de las detenciones masivas en la justicia.

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ONG denuncian abusos y violaciones de derechos

Organizaciones como Human Rights Watch y Amnistía Internacional han cuestionado el régimen de excepción y la nueva reforma. Ambas entidades sostienen que existen graves vulneraciones de los derechos humanos en el país.

Un grupo de juristas internacionales denunció ante la CIDH posibles "crímenes de lesa humanidad", que incluyen tortura, desapariciones forzadas y violencia sexual. Estas acusaciones se basan en testimonios y registros de personas detenidas durante los operativos.

La organización Socorro Jurídico reportó que al menos 500 detenidos han muerto bajo custodia estatal y aseguró que el 94% no tenía perfil de pandillero. En ese contexto, la abogada penalista Roxana Cardona advirtió en declaraciones a AFP que los centros penales podrían convertirse en "pozos humanos".

El gobierno ha rechazado estos señalamientos. Villatoro criticó a las ONG y afirmó que "representan la maldad, la pobreza y la inseguridad". En la misma línea, el mandatario acusó a estos grupos de actuar como "bufetes legales internacionales del crimen".

Bukele intensifica su política

El cambio refuerza la estrategia del Ejecutivo sobre las pandillas, a las que considera organizaciones terroristas. El propio Bukele ha sostenido que la pertenencia a estos grupos es permanente y que sus integrantes no abandonan esa condición.

En un mensaje difundido tras la presentación de la iniciativa, el jefe de Estado cuestionó a quienes se oponen a endurecer las penas: "Vamos a ver quiénes apoyan esta reforma y quiénes se atreven a defender que la Constitución continúe prohibiendo que asesinos y violadores permanezcan en prisión".

La nueva normativa se complementará con cambios a leyes secundarias, como el Código Penal y la Ley Contra Actos de Terrorismo, que deberán adaptarse al nuevo marco de la reforma. Además, la Asamblea Legislativa cuenta con facultades para aprobar y ratificar la modificación en una misma legislatura, tras una modificación previa impulsada por el oficialismo.

El modelo de El Salvador ha logrado reducir los homicidios a niveles históricos, según el gobierno. Sin embargo, el avance de estos cambios legales y el control institucional del Ejecutivo han abierto un debate sobre el equilibrio sobre las garantías fundamentales.