México propone impuesto a videojuegos violentos para financiar su impacto en la salud

Las autoridades en México planean imponer un impuesto a los videojuegos de contenido violento para contribuir con la estrategia de salud y seguridad del gobierno y financiar el tratamiento de padecimientos derivados de su consumo

Édgar Amador, Secretario de Hacienda y Crédito Público, aseguró que la propuesta (que forma parte del proyecto de presupuesto del 2026), incluye también la aplicación de impuestos especiales al tabaco y a bebidas azucaradas.

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¿En qué consiste esta propuesta?

Durante una rueda de prensa, el funcionario mexicano afirmó que los nuevos tributos se inscriben dentro de la política de salud y de la política de seguridad más que dentro de la política fiscal.

Asimismo, añadió que responden al criterio de formular un presupuesto humanista cuyo alcance vaya más allá de los números de recaudación y de gasto.

Aunque todavía no han detallado los criterios para seleccionar los videojuegos afectados, el tributo sería del 8% sobre la prestación de este servicio digital, con lo que espera recaudar 183 millones de pesos (9,8 millones de dólares) en todo 2026.

Tampoco especificaron el mecanismo que emplearán para la cobranza del impuesto a esta industria, cuyos desarrolladores y proveedores operan principalmente de manera virtual y a través de plataformas electrónicas.

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¿Por qué han decidido imponer este impuesto?

La Secretaría de Hacienda reveló que estudios recientes encontraron una relación entre el uso de videojuegos de naturaleza violenta y un nivel más alto de agresión entre los adolescentes, así como efectos sociales y psicológicos negativos como aislamiento y ansiedad

Por su parte, el subsecretario de Ingresos, Carlos Lerma, detalló ue la recaudación esperada apunta a obtener los recursos suficientes para los efectos de mitigación y remediación de las personas que sufran estos padecimientos.

El funcionario añadió que estos males afectan a las personas en una etapa muy temprana de su potencial económico, lo que reduce sus capacidades de desarrollo y representa "una carga importante a los sistemas de salud.

Cabe precisar que este controversial proyecto todavía debe ser debatido y aprobado por el Congreso, para lo cual tiene como fecha límite el 15 de noviembre de 2025.