Reino Unido da paso histórico: diputados aprueban proyecto de ley para legalizar la muerte asistida en fase terminal

La muerte asistida en Reino Unido está más cerca de ser legal tras la aprobación en la Cámara de los Comunes de un proyecto de ley que autoriza a personas con enfermedades terminales, con una esperanza de vida de hasta seis meses, a solicitar ayuda médica para morir. La votación arrojó un resultado de 314 votos a favor y 291 en contra, en una jornada que marcó un antes y un después en el debate sobre la eutanasia en el país.

El texto, impulsado por la diputada laborista Kim Leadbeater, introduce una figura legal similar a la ley de eutanasia en España, aprobada en 2021. El proyecto deberá ahora ser evaluado por la Cámara de los Lores, que será el último paso antes de su implementación dentro de cuatro años. Según una encuesta de YouGov, el 73% de los británicos apoya la iniciativa.

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El Parlamento británico debatió intensamente el texto durante meses. Sin disciplina de voto, los diputados decidieron con libertad de conciencia, influenciados por experiencias personales, relatos de pacientes y presiones sociales. La ley se aprobó con una mayoría ajustada de solo 23 votos.

La medida fue respaldada por figuras como el primer ministro laborista Keir Starmer y el conservador Kit Malthouse, quien afirmó: “Esta ley permite decidir cómo afrontar la muerte, no si morir”. También hubo voces críticas como la de Tom Tugendhandt, quien advirtió sobre el “poder del Estado para decidir sobre la vida y la muerte”.

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¿Quién podrá acceder a la muerte asistida? Lo que dice la nueva ley

El proyecto establece que podrán acceder a la ley de muerte asistida los adultos con capacidad mental que hayan residido al menos un año en Inglaterra o Gales, diagnosticados con una enfermedad terminal y con una expectativa de vida no mayor a seis meses. El proceso requiere la aprobación de dos médicos independientes.

Además, se crearía una Comisión de la Muerte Asistida, que sustituirá al Tribunal Superior como instancia de validación final. También se contemplan medidas de protección como el derecho a objeción de conciencia de los profesionales sanitarios y el apoyo psicológico a pacientes con discapacidades o problemas de salud mental. El acceso quedará fuera del ámbito de Escocia e Irlanda del Norte, donde rigen otras competencias legislativas.