Dudas y certezas en torno al futuro de Cristina Fernández

Por: Javier Castro Bugarín. EFE.

La expresidenta (2007-2015), que anunció en la víspera que no será “candidata a nada” en las próximas elecciones, fue sentenciada este martes a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, al ser considerada penalmente responsable del delito de administración fraudulenta de fondos públicos en la concesión de obras en Santa Cruz (sur), cuna política del kirchnerismo.

El Tribunal Oral Federal 2, que llevó adelante este juicio en el marco de la conocida como “causa Vialidad” desde mayo del 2019, también ordenó decomisar los efectos del delito que consisten en una suma de 84.835 millones de pesos (482 millones de dólares).

Lorena Tocci, abogada y profesora de Derecho Constitucional de la Universidad de Buenos Aires (UBA), aseguró que todavía es “prematuro” hacer un balance de este veredicto, cuyos fundamentos completos se publicarán el 9 de marzo próximo.

“No hay una condena vinculada con el otro delito por el cual existía una imputación, que es el de la asociación ilícita, de manera que es una admisión parcial de las acusaciones que se habían formulado contra la vicepresidenta”, subrayó Tocci, quien consideró “llamativo” la absolución de otros imputados en esta causa, como Julio De Vido, ministro de Planificación Federal entre 2003 y 2015.

En un comunicado, el tribunal señaló que tiene la “certeza” de que entre 2003 y 2015 “tuvo lugar una extraordinaria maniobra fraudulenta que perjudicó los intereses pecuniarios de la Administración pública nacional” mediante licitaciones de obras viales en Santa Cruz, que “fueron sistemáticamente adjudicadas” a firmas vinculadas con el empresario Lázaro Báez, quien fue condenado a 6 años de prisión.

Como vicepresidenta de Argentina, cargo que ocupará hasta el 10 de diciembre del 2023, Cristina Fernández cuenta con “inmunidad de arresto”, característica que surge de la combinación de normas constitucionales y de la Ley de Fueros.

Mientras esté en ejercicio de estas funciones, Fernández solo podría entrar en prisión si previamente es destituida por la vía de juicio político, un mecanismo previsto en la Constitución y que, hoy por hoy, tiene pocos visos de salir adelante por la conformación del Congreso.

Cuando abandone su puesto, Fernández pasará a ser una ciudadana común y perderá dicha inmunidad, aunque presumiblemente seguirá en libertad mientras se resuelven los eventuales recursos ante la Cámara de Casación Penal y la Corte Suprema, debido al principio de presunción de inocencia.

Sin embargo, los jueces responsables de la investigación podrían solicitar prisión provisional mientras la sentencia no esté firme, siempre que observen “peligro de fuga” o posibilidad de condicionar la investigación de otros delitos conexos, circunstancia que afectó a otros funcionarios kirchneristas en el pasado.

En cualquier caso, Fernández aún podría eludir la prisión, incluso en caso de sentencia firme: el 19 de febrero cumplirá 70 años y, según el sistema judicial argentino, podría solicitar la prisión domiciliaria, decisión que quedaría en manos de los jueces.

Solidaridad de Lula, Ortega y Maduro...

El brasileño Lula da Silva y los dictadores Daniel Ortega (Nicaragua) y Nicolás Maduro ((Venezuela) se solidarizaron con la sentenciada Cristinas Fernández.

La vicepresidenta del Gobierno de España, Yolanda Díaz, y cinco expresidentes iberoamericanos serán parte de una reunión del Grupo de Puebla convocada para el próximo lunes en Buenos Aires, en “solidaridad” con Cristina Fernández. Participarán Evo Morales (Bolivia), Rafael Correa (Ecuador), José Mujica (Uruguay), José Luis Rodríguez Zapatero (España) y Ernesto Samper (Colombia).dios los cría... Nicolás Maduro, Rafael Correa, Evo Morales y otros políticos izquierdistas se solidarizaron con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.