Después de los profesores y el personal sanitario, la alcaldía de Nueva York obliga a la Policía y a los bomberos y al resto de trabajadores municipales a vacunarse contra la COVID-19, anunció el alcalde Bill de Blasio en un comunicado.
“La obligación entrará en vigor el 1 de noviembre para todas las fuerzas de trabajo de la ciudad, entre ellas la policía, los bomberos y los recolectores de basura”, informó la municipalidad, que iniciará negociaciones de impacto con los sindicatos afectados.
La única excepción son los vigilantes penitenciarios, para los que la obligatoriedad se atrasa hasta el 1 de diciembre debido a falta de efectivos en la cárcel de Rikers Island, donde el deterioro de las condiciones de detención ha sido denunciado repetidamente en las últimas semanas.
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Para incentivar la vacunación, la municipalidad promete pagar 500 dólares a los que reciban la primera dosis antes del 29 de octubre. A partir de esa fecha, los recalcitrantes dejarán de recibir su salario “hasta que presenten una prueba de vacunación a sus superiores jerárquicos”, explicó la entidad.
Al menos 71% de los 160.000 empleados de la ciudad ya han recibido al menos una dosis de la vacuna, por lo que quedan unas 46.000 personas sin vacunar.
Fuertemente golpeada por la pandemia en 2020, Nueva York ya exige el certificado de vacunación para muchas actividades en interiores, como restaurantes, cines, teatros y gimnasios.
Más de 34.000 personas han muerto de COVID-19 en la ciudad de más de 8 millones de habitantes. Otras ciudades y Estados han adoptado medidas similares en el país, ante la resistencia de una parte de la población a vacunarse.
En Chicago, el principal sindicato de la Policía ha pedido a sus adherentes que se nieguen a informar si están vacunados o no, en un momento en que la ciudad registra un aumento de la criminalidad. En Texas, el gobernador republicano ha prohibido la obligatoriedad de la vacuna, incluso hasta en las empresas privadas.