Bolivia: autorizan exhumar cadáver ante “duda razonable” de que no pertenezca a feminicida
El crimen que conmocionó a Bolivia en 2013 vuelve a ser noticia. Juan Lanchipa, fiscal general, advirtió que hay dudas sobre el cuerpo del teniente Jorge Clavijo, que fue sepultado hace siete años.
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La Fiscalía de Bolivia autorizó este jueves el pedido de exhumación del cadáver que corresponde a un policía considerado feminicida, luego de que se hallara “imprecisiones” en informes que hace algunos años establecieron que se había quitado la vida.
El fiscal general de Bolivia, Juan Lanchipa, sostuvo este jueves que existe una “duda razonable” de que el cuerpo que se dijo que era del teniente Jorge Clavijo corresponda realmente a esa persona.
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La Fiscalía del país inició un proceso por “falsedad material y uso de instrumento falsificado” contra el policía, que se cree que está vivo a raíz de un informe del Instituto de Investigaciones Forenses de Bolivia. De acuerdo a este, hay incoherencias en las pericias que determinaron que Clavijo había muerto.
La exhumación del cuerpo está programada para fines de mes y se desarrollará en un cementerio privado de La Paz. En febrero de 2013, Clavijo fue acusado de asesinar de 15 puñaladas a su esposa, la periodista Hanalí Huaycho, delante de su hijo, de cinco años.
El entonces teniente de la Policía escapó sin dejar rastro hasta que, casi un mes después, se halló un cadáver en descomposición cerca de un río, a unos 200 kilómetros de La Paz, colgado de un árbol, que, según manifestaron las autoridades en aquel entonces, era el suyo. Clavijo pertenecía a la Unidad Táctica de Apoyo y Resolución de Crisis (Utarc), un grupo élite de la Policía Boliviana ya disuelto, en el que actuó para desarticular a un supuesto grupo extremista en abril de 2009.
Varios sectores de la opinión pública han considerado que el Gobierno de entonces buscó proteger a Clavijo por tener información clave sobre el caso del supuesto grupo terrorista.
La conmoción de la muerte violenta de Hanalí Huaycho sirvió, en su momento, para que el Parlamento del país acelerara la aprobación de una ley contra la violencia hacia las mujeres, que castiga los feminicidios con treinta años de prisión, la pena máxima en Bolivia.
Con información de EFE.
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