
En Texas, autoridades del Departamento de Seguridad Pública detuvieron a dos menores de edad mexicanos por traficar con inmigrantes tras cruzar ilegalmente la frontera a través de Río Grande. Según los informes, los adolescentes cobraban US$6.000 a cada inmigrante para introducirlos a Estados Unidos. Sin embargo, el operativo en la zona fronteriza de Mission detuvo sus planes.
Los cinco inmigrantes llevaban pulseras de identificación, aparentemente proporcionadas por un cártel, lo que sugeriría que habían abonado por su traslado hacia Estados Unidos, un método que evidencia la creciente implicación de organizaciones criminales en la inmigración irregular.
Los menores enfrentan cargos formales por tráfico de personas, considerado un delito grave según las leyes federales y estatales de Estados Unidos. Aunque sus identidades no han sido divulgadas, las autoridades investigan posibles lazos con organizaciones criminales transnacionales.
Por otro lado, entre los inmigrantes arrestados se encontraba un ciudadano egipcio, identificado como Ahmed Fekry Amin Gomaa Mahmoud, quien es solicitado por las autoridades de su país, según reportó El Heraldo de México.
Este suceso ha generado preocupación por el aumento de menores en las redes de tráfico humano, especialmente en la frontera sur de Estados Unidos, donde las autoridades han fortalecido los operativos migratorios. Esto se debe al contexto político actual, donde el presidente Donald Trump ha fortalecido sus políticas migratorias.
Por ejemplo, en días recientes, se ha registrado redadas contra inmigrantes en diferentes ciudades de Estados Unidos, lo cuál reavivó el debate sobre el trato que se le da a los extranjeros y si se respeta sus derechos al momento de ser procesados.
Recientemente, la Corte Suprema emitió un fallo que limita la ciudadanía automática por nacimiento, una medida promovida por el presidente Donald Trump que refuerza su postura contra la inmigración y podría modificar la dirección de la política migratoria de Estados Unidos en los próximos meses.
Cabe resaltar que dicho fallo no aprueba directamente la orden ejecutiva de Trump para poner fin a este derecho en todo el país. Al contrario, impide que los jueces puedan bloquear futuras aplicaciones a nivel nacional si se trata de casos particulares.
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