Alertan que Ley Chlimper 2.0 amenaza la agricultura familiar y la seguridad alimentaria

El sector agrario peruano se encuentra en alerta ante la inminente aprobación de la llamada Ley Chlimper 2.0, una propuesta legislativa impulsada en el Congreso que pretende modificar el régimen tributario para el sector agroexportador. Sin embargo, esta medida ha sido duramente cuestionada por diversos gremios agrarios, que advierten que favorecerá a las grandes empresas a costa de la agricultura familiar, pilar fundamental de la seguridad alimentaria del país.

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Impacto en la agricultura familiar y cooperativas agrarias

El dictamen aprobado por la Comisión Agraria del Congreso establece beneficios fiscales significativos para las agroexportadoras, reduciendo el impuesto a la renta al 15% por un periodo de diez años (2025-2035). De acuerdo con estimaciones del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), esto podría representar un costo fiscal acumulado de S/20.000 millones en una década, afectando recursos destinados a la agricultura familiar.

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La Junta Nacional del Café (JNC) ha denunciado que la norma excluye a las cooperativas agrarias de los programas de apoyo a la agricultura familiar y otorga privilegios a sociedades anónimas y otras empresas jurídicas que no asumen los riesgos de producción. Esto pone en peligro la sostenibilidad de más de 1,000 cooperativas agrarias, que agrupan a más de 100,000 familias de pequeños agricultores.

"Este proyecto anulará el principio de gobernanza cooperativa y debilitará la representación de los socios en las actividades económicas", advierte Lorenzo Castillo, gerente de la JNC. Por su parte, Raquel Condori Vivanco, productora de café en Chanchamayo, resalta que la exclusión de las cooperativas impactará directamente en la competitividad de los pequeños productores.

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Amenaza a la sostenibilidad del café y el cacao peruano

Uno de los sectores más afectados sería el cafetalero, que depende en gran medida de las cooperativas para cumplir con los estándares internacionales de trazabilidad y certificación. Actualmente, la Unión Europea exige la geolocalización de fincas agrícolas para evitar la deforestación y garantizar el origen sostenible de los productos. Sin embargo, en Perú, más del 55% de los productores aún no cuentan con esta certificación, lo que pone en riesgo exportaciones por más de US$505 millones anuales.

Las cooperativas han avanzado en un 80% en este proceso gracias a certificaciones orgánicas y de comercio justo, mientras que las empresas agroexportadoras no han realizado inversiones significativas en este ámbito. "Si se aprueba esta ley sin modificaciones, perderemos competitividad en el mercado europeo y miles de pequeños productores quedarán a la deriva", alerta Miguel Vásquez, asesor técnico de la JNC.

Un Congreso que legisla de espaldas al campo

El Congreso ha impulsado la Ley Chlimper 2.0 sin un debate técnico amplio ni la participación de los principales actores del agro. Para Luis Cruz, gerente de Conveagro, "se está priorizando a las grandes empresas en detrimento de quienes realmente producen el 80% de los alimentos que consumimos en el país".

Los gobiernos regionales y locales, que dependen en gran parte de la producción agropecuaria para su desarrollo económico, también han expresado su preocupación. Juan Pérez, alcalde de un distrito cafetalero en Amazonas, advierte que la ley "podría generar una crisis social al reducir los incentivos y financiamiento para la agricultura familiar".

El sector agrario ha advertido que, de no establecerse un diálogo efectivo, podrían darse movilizaciones gremiales en las próximas semanas en rechazo a la Ley Chlimper 2.0. La decisión final del Congreso determinará si el país opta por un modelo de desarrollo inclusivo o si profundiza la desigualdad en el sector agropecuario.