En el Perú, miles de ciudadanos enfrentan dificultades económicas debido a deudas acumuladas con entidades financieras. Estas obligaciones pueden surgir de préstamos, tarjetas de crédito u otros productos bancarios, y afectan tanto a quienes carecen de los recursos necesarios para saldarlas como a aquellos que, por diversos motivos, deciden no asumir el pago. Este panorama de morosidad genera incertidumbre entre los deudores, especialmente en lo relacionado con la posibilidad de que su salario sea embargado o sujeto a descuentos por parte de los bancos.
La normativa vigente en el país establece que existen tres entidades con la facultad de retener una parte de los ingresos salariales. La primera es la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat), que puede solicitar el descuento de una proporción del salario en caso de deudas tributarias o multas administrativas pendientes. Esta entidad pública tiene la capacidad de instruir a los empleadores para retener aproximadamente el 30% del sueldo hasta que la deuda sea completamente saldada.
En segundo lugar, las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) tienen la potestad de gestionar el cobro de deudas relacionadas con el sistema de pensiones. Este proceso requiere de una resolución judicial que establezca los montos a retener, así como otros detalles pertinentes al caso.
Finalmente, las instituciones financieras, como los bancos, también pueden realizar embargos sobre los salarios si se incumplen obligaciones financieras, tales como pagos de préstamos, tarjetas de crédito u otros productos similares. Sin embargo, este embargo solo es aplicable cuando el salario mensual del trabajador supera los S/2.575, correspondientes a 5 URP.
Si tu ingreso mensual supera los S/2.575, el banco está autorizado a embargar un tercio del excedente. Para entenderlo mejor, consideremos un ejemplo práctico: si recibes un salario de S/4.000, al restar los S/2.575 protegidos, el excedente sería de S/1.425. De este monto, un tercio corresponde a S/475, que es la cantidad que podría ser retenida por la entidad financiera.
Por otro lado, en una conversación previa con La República, la abogada especializada en derecho laboral, Mariana González Prada, señaló que existen tres mecanismos legales para realizar retenciones válidas. El primero es por disposición legal, que incluye las retenciones por impuesto a la renta y aportes a los sistemas de pensiones.
El segundo es a través de un mandato judicial, como ocurre en los casos de pensiones alimenticias. Finalmente, el tercero es mediante la autorización explícita del trabajador, quien consiente el descuento para cubrir préstamos u obligaciones similares.
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En Perú, de acuerdo con el Código Civil, el plazo de prescripción de las deudas bancarias es de diez años. Este periodo es determinante, ya que una vez expirado, el acreedor pierde la facultad de emprender acciones legales para exigir el pago. En consecuencia, el deudor queda eximido de enfrentar demandas judiciales relacionadas con dicha obligación financiera.
