Aun cuando Repsol detuvo, parcialmente, el avance del crudo en las costas peruanas, las malas noticias para la empresa de capitales españoles siguen su curso. La onda expansiva en los mercados internacionales tras el desastre medioambiental en La Pampilla llegó hasta oídos de la calificadora S&P Global Ratings, que decidió colocar a la compañía bajo su criterio de “Evaluación ESG”, que analiza las capacidades de las entidades y se basa en cómo los factores ambientales, sociales y de gobierno podrían afectar a sus públicos objetivos y potencialmente generar un impacto financiero importante.
En esta línea, S&P proyectó que el incidente en Perú podría resultar en posibles cambios negativos en algunos aspectos medioambientales, a partir de su fuerte evaluación actual, así como en repercusiones en otros factores de su escrutinio (incluidas las comunidades y el uso del suelo y la biodiversidad), en caso Repsol “no gestione adecuadamente” los efectos negativos en los puntos críticos de biodiversidad cercanos y en “varias partes interesadas, incluyendo a pescadores, artesanos y vendedores locales”.
El objetivo de S&P es “completar la revisión en los próximos meses”, por lo que considera que cualquier efecto negativo de puntuación en el perfil ESG de Repsol de 61, probablemente, sería inferior a cinco puntos. No obstante, la calificadora aún maneja la versión de “olas extremas en la costa peruana” tras la erupción volcánica de Tonga, escenario que es materia de investigación entre las autoridades peruanas. Como se recuerda, las acciones de Repsol tuvieron su mayor caída de 8,4% el pasado 19 de enero, cuatro días después del desastre, a raíz de la incertidumbre por su licencia y el pago de indemnizaciones.
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Esta insatisfacción con la actuación de la petrolera se vio reflejada también en la Organización de Estados Americanos (OEA), que aprobó la declaración “Derrames de petróleo en el mar de Ventanilla y solidaridad con el Pueblo y Gobierno del Perú”, durante la sesión extraordinaria de su Consejo Permanente.
La organización liderada por Luis Almagro manifiesta su “consternación” por las “graves consecuencias” ambientales, económicas, sociales y de la vida y las poblaciones afectadas por el derrame de petróleo producido el pasado 15 de enero, a manos de la empresa Repsol en la refinería de La Pampilla.
OEA expresa su firme apoyo a los esfuerzos del Gobierno para garantizar que los responsables del incidente “cumplan con remediar los daños ocasionados”, y extiende un llamado “urgente” a las instituciones financieras y de desarrollo para que brinden ayuda humanitaria de emergencia. A la cita asistieron Miriam Alegría, presidenta del Consejo Directivo del OEFA, y el embajador de Perú ante OEA, Harold Forsyth.
La ONG española FACUA-Consumidores en Acción demandó a la Cancillería de ese país intervenir en el reciente vertido de crudo en las costas peruanas.
FACUA recordó el respaldo que la empresa petrolera recibió del Gobierno español para sus operaciones en Perú en 2016 y 2017, a través de Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación (Cesce).
También recordó el aval que prestó a las medidas de seguridad de la multinacional en un documento del 2020, denominado “Contribución de las empresas españolas al desarrollo sostenible en Iberoamérica”.
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Accionariado. El 92,42% de las acciones de la refinería La Pampilla S.A.A. está en manos de Repsol Perú B.V., empresa constituida en los Países Bajos y que es subsidiaria de la multinacional española Repsol S.A.