Diputados mexicanos amplían lista de delitos con prisión preventiva
La Cámara de Diputados de México aprobó la noche del miércoles una reforma constitucional que amplía los delitos que ameritan prisión preventiva de oficio, una figura cuestionada por la ONU y diversas oenegés.
Con 335 votos a favor y 108 en contra, la mayoría oficialista en la Cámara de Diputados aprobó ampliar el listado de crímenes que ameritan prisión preventiva de oficio para incluir la extorsión, el contrabando y el tráfico de fentanilo.
Originalmente el dictamen incluía también el narcomenudeo y la defraudación fiscal, pero los diputados los retiraron a última hora.
El Senado ahora debe discutir y en su caso aprobar esa reforma.
La prisión preventiva de oficio o automática permite encarcelar sin juicio o sentencia a personas acusadas por delitos como el feminicidio, delincuencia organizada, secuestro y la trata de personas.
Por ello, los acusados permanecen en prisión mientras la fiscalía realiza las investigaciones.
Durante el debate, la oposición acusó que la prisión preventiva de oficio no ha disminuido los índices delictivos en el país.
"La reforma va en contra de todo lo establecido en la legislación internacional en materia de derechos humanos. Estamos en contra porque es una herramienta para meter a la cárcel a inocentes", dijo la diputada del opositor PAN (derecha) Annia Sarahí Gómez.
En contraste, el legislador del oficialista Morena, Leonel Godoy, dijo que esta figura es una necesidad de la coyuntura que ha logrado disminuir los índices delictivos.
La prisión preventiva de oficio fue incorporada por primera vez a la Constitución mexicana en 2008, y en 2019 fue reforzada para añadir otros crímenes como los delitos electorales y el robo de hidrocarburos.
Varias organizaciones de derechos humanos han acusado que en México se ha abusado por años de la prisión preventiva de oficio, lo que ha provocado que la gente permanezca años en la cárcel sin una sentencia.
"El abuso de la prisión preventiva genera daños sociales y económicos y, desproporcionalmente, afecta a las personas con mayor vulnerabilidad", señaló la oenegé México Evalúa.
En 2022, el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de la ONU exhortó a México a anular la prisión preventiva de oficio al acusar que "ha llevado a múltiples violaciones de derechos humanos".
"Una de las más serias consecuencias de la prisión preventiva obligatoria ha sido el que muchos mexicanos pasen más de una década privados de su libertad a la espera de un juicio, sin sentencia y en condiciones de grave riesgo a sus vidas e integridad personal", dijo Miriam Estrada Castillo, presidenta relatora de ese Grupo de Trabajo.
Hasta 2023, en México el 43% de la población privada de la libertad estaba bajo la figura de la prisión preventiva de oficio, según datos del instituto de estadísticas, INEGI.
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