Corte IDH ordena archivar el caso TC y Luis Galarreta se opone

Desacato. El presidente del Congreso envió carta al presidente Kuczynski en la que le pide tomar acciones contra requerimiento de la Corte IDH en defensa de magistrados. También convocó a Junta de Portavoces para la respuesta conjunta.

10 Feb 2018 | 6:39 h

Martín Calderón

La Corte Interamericana de Derechos Humanos requirió ayer al Estado peruano que archive la denuncia contra cuatro magistrados del Tribunal Constitucional, que se encuentra en manos del Parlamento. Sin embargo, enterado de esa orden, el presidente del Congreso, el legislador fujimorista Luis Galarreta, la rechazó y exigió al mandatario Pedro Pablo Kuczynski que, como jefe del Ejecutivo, tome acciones legales contra la Corte.

“Le invoco para que, como responsable de la dirección de la política exterior, ejerza los mecanismos que salvaguarden la soberanía e independencia del Estado”, escribió en la carta que por la noche envió al mandatario.

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“Rechazamos categóricamente la decisión resolutiva adoptada por dicho órgano internacional”, aseguró.

Horas antes se había conocido que la Corte dispuso archivar el procedimiento de acusación constitucional que el Legislativo emprendió contra los magistrados Eloy Espinosa-Saldaña Barrera, Manuel Miranda Canales, Carlos Ramos Núñez y Marianella Ledesma Narváez.

La denuncia contra estos magistrados se encuentra en manos de la Comisión Permanente del Congreso, que tenía que debatir y votar un informe desfavorable para los cuatro magistrados, elaborado por la subcomisión de Acusaciones Constitucionales.

Esa subcomisión recomendó destituir a Espinosa-Saldaña y suspender por 30 días a sus colegas Miranda, Ramos y Ledesma. Esto por corregir un error en el conteo de votos en el recurso de hábeas corpus de un grupo de ex marinos acusados de asesinar a presos rendidos en el penal de El Frontón.

La Corte también requirió al Estado que presente, a más tardar el próximo 15 de abril, un informe completo y detallado sobre el cumplimiento de esta medida, que ratifica la adoptada en diciembre pasado por su entonces presidente, el juez brasileño Roberto Caldas.

Sustento

La Corte Interamericana de Derechos Humanos explicó que la acusación constitucional contra los magistrados genera presiones indebidas al Tribunal Constitucional y a los jueces de la Sala Penal Nacional a cargo del caso El Frontón.

La independencia de estos jueces, de acuerdo a lo señalado por la Corte, constituye una condición necesaria para que los familiares de Nolberto Durand y Gabriel Ugarte –dos reos de El Frontón que murieron en 1986 a manos de marinos que hoy están procesados por estos hechos– sean reparados en su derecho a conocer la verdad.

La Corte hizo hincapié en que la medida de archivamiento de la acusación debe ser evaluada desde el punto de vista de la protección de los derechos de las víctimas al acceso a la justicia ante una situación particular, como la violación a su derecho a contar con jueces independientes.

Por su parte, la magistrada Ledesma, para quien la subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso recomienda suspender por 30 días, aseguró que la decisión de la Corte reafirma la independencia de los jueces.

“Este debe ser un mensaje para todos los jueces del país: la independencia no se puede mancillar. La Corte, como instancia supranacional, existe para controlar el abuso de poder y las situaciones arbitrarias como la que se está dando en el Congreso”, dijo.

“Nos sentimos reivindicados porque el mensaje central de esto (la resolución de la Corte IDH) es que ningún juez puede dejarse avasallar por denuncias o cuestionamientos que se realizan en otras instancias para condicionar las decisiones judiciales”, agregó.

El director del Instituto de Defensa Legal (IDL), el abogado Carlos Rivera, coincidió con Ledesma y agregó que la denuncia contra los magistrados del TC busca amedrentar a los jueces de la Sala Penal Nacional a cargo del juicio por el caso El Frontón.

Temerario rechazo

La resolución de la Corte no solo fue criticada por Galarreta. A él se sumaron otros congresistas de Fuerza Popular y Acción Popular.

La legisladora Úrsula Letona, de Fuerza Popular, cuestionó que la Corte IDH requiera al Estado archivar una denuncia cuyo proceso no ha concluido.

“Definiremos cuáles son los actos soberanos que el Perú debe defender. Partiendo de esa premisa analizaremos el fallo”, dijo.

Por su parte, el legislador Víctor A. García Belaunde, de AP, aseguró de modo temerario que la resolución de la Corte “es muy precipitada y poco informada”.

Luis Galarreta convocó a Junta de Portavoces para este lunes con el fin de responder corporativamente a la Corte.

La OEA intervendría si no se acata

- Si el Congreso se resiste a acatar la resolución de la Corte IDH, esta lo notificará ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), explicó la magistrada del Tribunal Constitucional Marianella Ledesma.

- “La Corte no tiene medidas coercitivas como, por ejemplo, sí lo tiene un juez ordinario, pero hace requerimientos al Estado para que cumpla con las resoluciones, ya que el Estado voluntariamente se ha involucrado en esa competencia”, agregó.

- Sin embargo, el congresista Víctor Andrés García Belaunde aseguró que “el Congreso es absolutamente soberano”.

- Consultado por las consecuencias de no acatar la resolución, dijo que no pasaría “absolutamente nada”.

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