Dentro de un año se realizarán las elecciones regionales y municipales y la tendencia indica que sus resultados no significarán grandes cambios, incluso si se concretase la erradicación de las organizaciones políticas locales (OPL) y se instale una valla del 40% para que un candidato sea elegido en primera vuelta como gobernador regional (ahora es 30%). Si no se produce un giro estratégico, las elecciones no alterarán las condiciones de la descentralización porque no empoderarán a élites capaces de impulsar el proceso iniciado el 2002, esencialmente porque estas élites no existen o porque, debilitadas, en la mayoría de casos han sido arrinconadas en los últimos procesos electorales por liderazgos ultrapersonalistas y plutocráticos. En las elecciones se jugará el recambio de gobiernos debilitados, casi todos acosados por la ineficiencia, desorden y altas cuotas de corrupción. Son dos periodos de gobernadores regionales cuestionados por las mismas razones con las que se cuestiona a los políticos nacionales. El grueso de los desaguisados lo han hecho los movimientos regionales de la segunda generación, que sucedieron a aquellos que iniciaron el proceso hace 15 años, ninguno de los cuales sobrevive en el poder o en la oposición. La cancelación de la reelección implicará en este caso una forzada alternancia y la imposibilidad de darles continuidad a los pocos movimientos nuevos con un desempeño reconocido, como el que lidera la gobernadora Yamila Osorio de Arequipa, por ejemplo. Las plazas regionalistas clásicas, como Cusco, Puno, Ayacucho, Cajamarca, Apurímac o Pasco, con votaciones tradicionales a favor de la izquierda, se han dividido a través de una competencia feroz con tonos fiscales y judiciales, concurrentes con una fragmentación política que favorece la fragmentación social. La movilidad de los actores regionales es tan impresionante como la de los nacionales. La crisis de representación tiene también rostro regional y local. Los actores informales y legales dominan este espacio de poder incluso aupados en partidos nacionales. Acabados los proyectos de desarrollo esbozados a inicios de la década pasada, el refugio que implicaron las políticas de identidad también se revela insuficiente, como era de esperar. Una salida estratégica sería el relanzamiento del proceso de descentralización y la recuperación de la visión de desarrollo regional, articulada a ejes y mercados regionales. Ello supondría atajar la precampaña que ya se ha iniciado preñada de ofertas de fierro y cemento, la epidemia desarrollista que ataca a candidatos a alcaldes y gobernadores sin importarles la vida cotidiana de la gente. En 15 regiones la anemia se encuentra por encima del promedio nacional de 43% en tanto, las tasas más alarmantes están en Puno (67%), La Libertad (61%), Ucayali (58%), Junín (56%) y Madre de Dios (55%). Las formaciones políticas nacionales pueden jugar un papel destacado si lo quisiesen, y por supuesto también el gobierno. La reconstrucción del norte afectado por El Niño costero no ha sido objeto de un debate sobre las capacidades regionales, pero en esas zonas el debate electoral ya se ha iniciado como un interminable festival de ofertas, varias de ellas incumplibles. En otras regiones, el carnaval de promesas incluye el nombramiento de los trabajadores contratados, la eliminación de la meritocracia en la Educación y bonos regionales por desempeño en Salud. Parecería que en una buena parte de candidatos se ha reencarnado Waldo Ríos, el defenestrado gobernador de Áncash. El pensamiento más atrasado respecto a las regiones predica que la descentralización ha fracasado. Lo dicen desde una práctica centralista que arrastra un fracaso –eso sí, un fracaso– de 180 años. Podríamos colegir más bien que el proceso se encuentra suspendido en el aire y que más allá de los sueños, y a pesar de ellos, es irreversible. Es falso también que no tenga efecto en la política nacional, lo que se evidencia apreciando el pasado político de por lo menos el 60% de miembros del actual Congreso. http://juandelapuente.blogspot.pe
