Ayer se inició año judicial y nuevas autoridades aseguraron una gestión transparente. Negaron ser un “poder vetusto” y trabajarán para obtener la aprobación ciudadana. En Lambayeque, presidente iniciará diálogo con trabajadores judiciales para que suspendan huelga laboral.,Jueces superiores del norte del país asumieron las presidencias de ocho Cortes de Justicia para el período 2017-2018. Ya como nuevas autoridades de este poder del Estado, anunciaron una lucha frontal contra la corrupción para que la imagen del Poder Judicial no siga ensuciándose y, por ende, recibiendo la desaprobación de la ciudadanía. PUEDES VER: Presidente de Corte juramenta "por la plata" al jefe de Odecma de Chimbote | VIDEO Contra corrupción “Convoco a todos los jueces superiores y todas las instancias para que esta Corte marque un antes y un después. Hace un mes, el presidente del Perú (Pedro Pablo Kuczynski) dijo que el Poder Judicial es un poder ‘vetusto’, con esas palabras parece que los logros de esta Corte quedan negados. Pero hay que reconocer que tenemos una gran desaprobación ciudadana por la corrupción. Hay que lograr que esta Corte se acerque a la comunidad. Hay que asumir nuevos retos”. De esta forma, el nuevo presidente de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, Aldo López Zapata, inició su discurso tras agradecer la posta que le deja la jueza Ana Salés del Castillo. El magistrado indicó que todos los jueces deberán unirse a la política de “cero corrupción” del presidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez Tineo. De una misma opinión fue José Lizana Bobadilla, presidente de la Corte Superior de Justicia de Sullana para el período 2017-2018, quien fue enfático en señalar que no cederán a actos de corrupción y tampoco resolverán los casos mediante presiones políticas. Además solicitó apoyo en el trabajo para bajar los altos índices de la carga procesal, teniendo en cuenta que hace poco culminó la huelga de los servidores judiciales. En su discurso de apertura del año judicial 2017 explicó que todos los órganos jurisdiccionales tienen y deben dar una respuesta oportuna, eficaz, eficiente y predictible antes los conflictos de los justiciables. Para bajar los índices de carga procesal efectuará un inventario de expedientes en trámite y en ejecución de sentencia para determinar el número exacto de procesos que tramita cada órgano jurisdiccional y así determinar en cuáles existe una sobrecarga procesal y para proveer personal que realice una descarga efectiva. “Queremos decirle a los litigantes y a los sullaneros en general que trabajaremos con objetivos y metas, pero sobre todo para que la justicia se dé de manera independiente”, acotó. Por su parte, la máxima autoridad de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, Juan Zamora Barboza, prometió una gestión transparente, seria y eficaz, así como democrática y equitativa que involucre a los trabajadores jurisdiccionales y administrativos de esta Corte. Durante su discurso, Barboza dijo que un juez debe actuar de manera independiente e imparcial y respaldó la lucha de los servidores por mejores sueldos. En la ceremonia de apertura del año judicial 2017, Carlos Salazar Hidrogo, presidente de la Corte Superior de Justicia del Santa (Chimbote) para el periodo 2017-2018, prometió desarrollar una lucha efectiva contra la corrupción y exhortó a los jueces y servidores judiciales a realizar una labor honesta y transparente que ayude a mejorar la imagen de su institución. “Vamos a realizar una lucha efectiva contra todo tipo de corrupción, queremos tener una gestión transparente y cercana a la población. El servicio de justicia tiene que ser eficiente, hay que actuar con celeridad y sobre todo con justicia para mejorar la imagen del Poder Judicial”, declaró. Salazar mencionó que una de las difíciles tareas será reducir la carga procesal, así como también eliminar las prácticas engorrosas y dilatorias que malogran el sistema de justicia. “Los 62 órganos jurisdiccionales que tenemos en la sede tienen que trabajar al mismo ritmo, hay que resolver más casos que los que ingresan, estos dos años debemos ser ejemplos de productividad”, agregó. Aunque reiteró su lucha frontal contra la corrupción, el nuevo presidente de la Corte Superior de Justicia de Cajamarca, Gustavo Álvarez Trujillo, sostuvo que el principal mal que carcome la administración de justicia en esta región andina es la lentitud procesal. “El retardo judicial es el peor de los males, porque el justiciable quiere la solución de sus casos en el breve plazo, ese es el enemigo”, subrayó. Luego precisó que “el cargo me permitirá materializar aquellos aspectos que desde mi punto de vista no estaban siendo debidamente gerenciados y administrados, mi compromiso es trabajar por la justicia en favor de los ciudadanos de Cajamarca, haré todos los esfuerzos por hacer funcionar las cosas y muchos órganos que no estaban bien”, dijo. Ceremonias similares se registraron en las Cortes Superiores de Justicia de Tumbes y Amazonas. Carga Procesal En Lambayeque, la saliente jueza Ana Salés precisó que su gestión deja una carga procesal de 120,865 expedientes judiciales, destacando que en el último año se logró resolver el 87% de 78,869 casos y configurando una producción jurisdiccional superior a 114%. Por su parte, el ex presidente del distrito judicial de Piura, Carlos Chekley Soria, realizó un balance de su gestión y sostuvo que pese a los esfuerzos aún queda una carga procesal de 7,826 casos por resolver. Mientras que en la Corte de Justicia de La Libertad se resolvieron 67,195 casos de enero a noviembre del 2016, en comparación con los 64,276 que se reportaron en el mismo período pero del 2015. En esta jurisdicción, su expresidente Carlos Cruz Lezcano informó que la Oficina Desconcentrada de la Magistratura (Odecma) propuso la destitución de 4 jueces penales y 9 de paz, y dos servidores judiciales. Trabajadores protestaron en ceremonia de apertura Trabajadores del distrito judicial de Lambayeque protestaron en el frontis del Ilustre Colegio de Abogados mientras Aldo López inauguraba el año judicial. Ellos tildaron de “amarillos” a los servidores judiciales que no acatan la huelga y acudieron a la ceremonia. López anunció que iniciarán los diálogos con los dirigentes para la suspensión de la huelga. “Hay una carga procesal no atendida que perjudicará a la que ya tenemos”, sostuvo. Una situación similar se vivió en la ceremonia realizada en Sullana, pues un grupo de familiares protestó porque la muerte de un taxista no quede impune, pidiendo la celeridad en el proceso. José Lizana dijo que el caso no está judicializado. “Aún no concluye la investigación, por lo tanto el caso no ha sido remitido al Poder Judicial. Si estuviera aquí se tomarán cartas en el asunto”.
