Organizaciones como Demus y la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) se oponen a la resolución de la Segunda Fiscalía Penal Supraprovincial que dispone ampliar por 150 días el plazo de investigación preliminar sobre las esterilizaciones forzadas que se aplicaron durante el gobierno de Alberto Fujimori, y que afectaron a 270 mil mujeres, en su mayoría altoandinas. PUEDES VER: Pedro Rejas Tataje, un ex fujimorista duro, va en la lista congresal de Alianza Para el Progreso por Ica El abogado Milton Campos consideró que el nuevo plazo es exagerado e innecesario y conllevaría a mantener la impunidad con que se ha manejado este caso, por lo que procederá a impugnarla. En su resolución, la fiscal Marcelita Gutiérrez argumenta que necesita seguir identificando más víctimas, recabar historias clínicas, informes médicos legales y cumplir diligencias en Loreto y Apurímac. "No hacen falta más pruebas ya que estas están consignadas en 150 tomos. La decisión de la fiscal evidencia que no tiene intenciones de denunciar", señaló Milton Campos. En tanto, Ana María Vidal, de la CNDDHH, lamentó que a dos décadas de los hechos no haya justicia para las víctimas de esterilización forzada, que son las mujeres más pobres del país.
