La Contraloría se acaba de pronunciar en forma desfavorable sobre el contrato del aeropuerto de Chinchero y la adenda firmada por el actual gobierno, lo que ha motivado la renuncia del Ministro de Transportes, Martín Vizcarra. Además, se han formulado denuncias penales contra funcionarios del MTC. El resultado final de estos acontecimientos aún está por verse y el gobierno analiza las diferentes alternativas para, de todas maneras, llevar adelante el proyecto, en una situación de alto costo político. En el caso de la inversión en la Refinería de Talara de Petroperú, la Contraloría ha emitido hace poco un informe de seguimiento y monitoreo donde se establece que “no encuentra razones que justifiquen el incremento de los montos de inversión de la Refinería de Talara de US$ 1.335 a 4.155 millones, sin que existan cambios significativos en la capacidad de producción ni en la calidad de los productos finales del proyecto” (1). Agrega la Contraloría que Petroperú debe sustentar adecuadamente los incrementos de la inversión y que no se ha afectado la rentabilidad del proyecto para asegurar que “se generen los beneficios esperados o, en su defecto, determinar si las cifras iniciales eran correctas”. Estos requerimientos de la Contraloría en su Informe de Seguimiento y Monitoreo son claves pues esta debe emitir un Informe Previo a las operaciones de endeudamiento externo tal como lo establece la Ley 28563. Dice la Contraloría que este Informe Previo “no constituye en sí mismo una autorización o aprobación sobre la operación o materia de análisis, sino tiene como propósito cautelar que las operaciones de endeudamiento que se tramiten cuenten con la documentación sustentatoria respectiva y las opiniones favorables de las unidades competentes”. En la situación actual queda claro que este Informe Previo tiene una importancia central. El endeudamiento de Petroperú necesita, además, esta vez sí, la autorización del MEF, como manda el Artículo 40 de la ya mencionada Ley 28563. Esta autorización para emisión de hasta US$ 2,000 millones en bonos fue otorgada el pasado 7 de mayo con la RM 170-2017. Agrega la RM que han opinado favorablemente la Dirección la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público y la Oficina General de Asesoría Jurídica del MEF. El presidente de Petroperú, Eduardo García Rosell, ha respondido a la Contraloría diciendo que los aumentos se justifican porque, en el tiempo, hay diferentes niveles de ingeniería del proyecto. Los primeros análisis de la consultora Arthur D. Little del 2008 fueron hechos bajo un esquema de ingeniería conceptual. Luego se desarrolló una ingeniería básica, después una extendida y, finalmente, una de detalle, donde ya se llega a altos niveles de precisión en los elementos a cotizar. Eso es lo que explica los diferentes montos de inversión del proyecto. Además, Petroperú ha colgado en su Portal Internet todos los contratos firmados con Técnicas Reunidas de España, comenzando por el contrato de ingeniería de detalle firmado en mayo del 2010 (llamado FEED), así como las evaluaciones de la ingeniería y los montos de inversión realizados (con el FEED ya terminado) por Arthur D. Little (2012) y Technip de Francia (2013). Ambos informes dieron opinión favorable. Finalmente, también está colgado el contrato de construcción del proyecto, que fue firmado en mayo del 2014. Para responder a la Contraloría acerca de sus requerimientos de sustentación, García Rosell ha pedido un nuevo informe a Arthur D. Little para que “se encargue de demostrar o no la viabilidad económica, financiera y técnica del proyecto”, el mismo que debiera estar listo en junio (3). Nos parece muy bien. Y en eso estamos. Lo central a entender es que este no es solamente un tema “técnico”. Está ligado a objetivos de mejora ambiental, aumento del valor agregado, aprovechamiento de los recursos, ahorro en importación de combustibles caros, por lo que el proyecto es rentable y clave para la reconstrucción de Piura y para el país por sus impactos directos e indirectos. Y así. Finalmente, debe quedar claro que en la situación actual se necesita no solo el más alto grado de transparencia y una adecuada sustentación ante la Contraloría, sino a la par y también un consenso positivo con los partidos políticos en el Congreso, así como con los académicos, los técnico-profesionales y representantes de la sociedad civil. En ese camino, sería importante que se haga una presentación pública del proyecto, digamos, en el Colegio de Ingenieros del Perú, donde se pueda expresar todas las opiniones. Ese podría ser un buen primer paso que luego sería replicado en otros foros profesionales y académicos. ¿No es cierto? (1) Informe de Seguimiento y Monitoreo de Proyectos N°00003-2017-CG/GCIP, Gestión y Control No. 47, mayo 2017, Contraloría General de la República, www.contraloria.gob.pe (2) Comunicado de Petroperú https://www.petroperu.com.pe/Main.asp?Seccion=3&IdItem=852 (3) Entrevista del16 de mayo https://goo.gl/lW5Kei
Edición Impresa - La Republica | Lima - Domingo 24 de Noviembre del 2024