Más que seguir discutiendo las consecuencias electorales del escándalo de Joaquín Ramírez, Secretario General de FP y financista de campaña, les propongo aprovechar lo visto esta semana para recordar que hay aspectos a defender en nuestra democracia que no deben minimizarse. Y que el fujimorismo sigue siendo un riesgo para esos avances democráticos. Déjenme dar un rodeo por lo que considero un falso debate sobre la democracia en el Perú para volver a lo que nos debería enseñar el caso Ramírez. Desde la caída del fujimorismo varias veces he escuchado la misma crítica contra quienes señalamos que desde entonces vivimos en democracia. Se nos acusa de considerar democrático a un sistema injusto, donde el igual trato ante la ley no está garantizado y en el que poderes fácticos escapan al control institucional. Supuestamente al nombrar democrático al régimen político existente desde el 2001 estaríamos colgándole una inmerecida medalla.Veo las cosas de otra manera. El debate real, me parece, pasa por determinar si a pesar de todas sus fallas nuestro sistema democrático actual cumple los mínimos para ser sustantivamente distinto a un autoritarismo. No entro en las definiciones y las fronteras, pero básicamente determinar si hay condiciones y garantías para una competencia electoral suficientemente justa. Si la respuesta es sí, estaríamos en democracia y podemos pasar a discutir sus virtudes y defectos. Si la respuesta es no, pues sí habría similitudes con lo vivido bajo Fujimori-Montesinos. Estoy en el primer grupo. Esta democracia es de mala calidad, como intento recordar con frecuencia en esta columna, pero estoy convencido de que no es igual a los noventa. La oposición ejerce más límites al ejercicio del poder. Los medios han destapado escándalos y diversas voces han podido expresarse contra los abusos. Con todo, los partidos que no le gustan al empresariado han podido competir y les ha ido bien. El Poder Judicial está en debe, pero hay jueces que se la han jugado por la defensa de derechos. La fiscalía de Pablo Sánchez no es la fiscalía de Blanca Nélida Colán. La América Tv de hoy es muy diferente a la de los Crousillat. Volvamos al incidente reciente, que resalta lo que tenemos y podría perderse. La reacción fujimorista tras la denuncia fue la de blindar a su Secretario General y atacar a la prensa. La prensa resistió, no bajó el tono. Regresaron del pasado subalternos y sobones, clones de los noventa, listos a blindar al líder y minimizar denuncias. Recordemos los ingresos de Montesinos, las pruebas de interceptación telefónica, la prensa chicha y todas esas evidencias de corrupción, abusos y dinero ilegal que era minimizado por una serie de subordinados que se “sorprendieron” en el año 2000. Con todo, la presión y el miedo al costo electoral permitió el retroceso del blindaje. Ahora imagine una denuncia similar con el fujimorismo en el poder. Me queda claro que con 73 congresistas otro hubiese sido el efecto del putsch de un partido que no muestra tolerancia ante la crítica. Esa misma presión contra un directorio periodístico timorato podría ser muy diferente. Probablemente no se hubiese “renunciado” a Ramírez. Los adulones y sobones habrían negado hasta el cansancio indicios poderosísimos de que algo se pudre en el núcleo del gobierno.No creo que existan las condiciones para que el fujimorismo construya un autoritarismo como el de los noventa, pero este incidente refuerza dos temores. Uno, ya señalado, el democrático. El segundo, los peligros de un gobierno con vínculos a sectores ilegales. Si su Secretario General ha sido esta caja de sorpresas, ¿qué otros entripados vienen con sus alianzas con mineros informales, transportistas en Puno, cuestionados empresarios de la educación? ¿Esos 73 defenderán la transparencia y control o blindarán a sus financistas e irán al cuello de la crítica? ¿Qué demandarán todos los termocéfalos hoy silenciados? Esta semana indica lo peor.
Edición Impresa - La Republica | Lima - Domingo 24 de Noviembre del 2024