Chile. Crear un fondo de contingencia y transparentar gastos son algunos ejes en común de las propuestas que ambas administraciones enviaron al Congreso. Ninguna prosperó., Santiago de Chile Septiembre de 2009 y mayo de 2011 son las fechas que registran el intento de los dos gobiernos por introducir cambios al financiamiento de las FFAA. Más allá de los matices, si hay algo en que los dos principales bloques políticos del país han coincidido en los últimos años es que el mecanismo actual requiere de una cirugía. El Senado dio la primera señal. En marzo de 2009, con un proyecto de acuerdo, los entonces senadores Soledad Alvear, Camilo Escalona, Jaime Gazmuri, José Antonio Gómez, Juan Pablo Letelier, Carlos Ominami, Alejandro Navarro y Hosaín Sabag pidieron al gobierno derogar la Ley Reservada del Cobre. En su reemplazo, sugirieron una ley especial plurianual y en la que las compras de material bélico debían pasar por la aprobación del Congreso. La respuesta llegó en septiembre de ese año. Bachelet propuso un nuevo financiamiento de la Defensa Nacional que incorporaba al sistema general del Estado -vía Ley de Presupuesto- el gasto en equipamiento bélico. Así, dijo la entonces Presidenta, “se pone término a una anomalía financiera fiscal que representaba la existencia de un sistema especial para un sector específico”. El proyecto buscaba dar transparencia a la gestión financiera de la Defensa ante los poderes públicos, pero aseguraba debida reserva en áreas que lo requirieran. También establecía un ciclo de planificación de 12 años -dividido en tres cuatrienios- correspondientes a los mandatos presidenciales. Así, cada gobernante podría reajustar el presupuesto de Defensa ante necesidades de adquisiciones militares según sus prioridades programáticas y estratégicas. Además, creaba un Fondo de Contingencia que, al inicio, se sustentaría con los excedentes de la Ley Reservada del Cobre. La idea finalmente salió de la primera línea de debate, dicen en el Congreso, por falta de voluntad política y por el reordenamiento de prioridades tras la crisis subprime. El intento de Piñera En 2011 fue el turno de la administración de Sebastián Piñera, quien lo tenía en su programa de gobierno. La reforma tomó vuelo con el entonces titular de Defensa, Andrés Allamand. El proyecto también tenía una fórmula de presupuestos plurianuales para las FF.AA., concediendo al Congreso la definición de un financiamiento castrense con un horizonte de cuatro años. Además, garantizaba un piso de recursos anuales para las entidades militares y creaba un fondo especial de contingencia para casos de amenazas a la seguridad nacional (ver recuadro). Allamand estableció un acuerdo político en la Cámara Baja, en el que participaron los ex diputados Jorge Burgos (hoy ministro de Interior) y Patricio Hales (hoy embajador en Francia). El texto se aprobó en la Cámara y pasó al Senado, donde recibió el voto de la Comisión de Defensa. En marzo de 2013 se detuvo en la Comisión de Hacienda. Claves En 2013 Bachelet retomó la idea de derogar la ley reservada y la incorporó a su programa de gobierno. La propuesta de Piñera no avanzó por reparos al piso mínimo para financiamiento de las capacidades estratégicas, considerado un privilegio sin fundamento.
