La lucha laboral que alcanzó la justicia con un fallo de la Corte IDH

Son 28 los trabajadores que fueron despedidos por el gobierno de Fujimori, y tras más de 20 años, retoman su confianza en la justicia. Asimismo, exigen al Estado iniciar el diálogo por la indemnización.

13 Feb 2018 | 10:09 h

En 1996, producto de una política impartida por Alberto Fujimori, más de 1.000 trabajadores de la Empresa Nacional de Puertos (Enapu) fueron víctimas de despidos arbitrarios. Hoy, más de dos décadas después, 28 de estos hombres y mujeres encontraron justicia gracias a un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), que ordena al Estado Peruano indemnizarlos.

Honorato Mayorga, que forma parte de este grupo, siente que el fallo de la Corte le devuelve la fe en la justicia, aunque esta nunca será suficiente para borrar los recuerdos de un despido ilegal.

"Trabajaba desde el 84 en mantenimiento de obras civiles para Enapu, cuando un día, en el año 96, me llega una carta a mi casa invitándome a renunciar. Cinco días después, ya no me dejaban entrar a mi centro de labores", relató.

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Fue en el 98 cuando los 28 trabajadores de Enapu, habiendo agotado las vías judiciales nacionales, optan por acudir ante la Corte IDH en su búsqueda de justicia.

Isi Rosas Meléndez recuerda que recién en el 2007 el organismo internacional decidió tomar la demanda de los trabajadores, representados por la Federación Nacional de Trabajadores de Enapu Perú (Fentenapu).

"Yo viajé en una oportunidad a Washington a una reunión con la Corte IDH en el 2005. En el 2017, la Corte IDH nos convoca a una audiencia en Quito (Ecuador) donde pude absolver las preguntas que se me efectuaron", comentó.

De esta audiencia, Isi recuerda que los abogados del Estado Peruano defendían su postura alegando que los trabajadores ya habían sido reparados por el Estado al retornar a su trabajo en Enapu.

Según precisó Rosas, en el 2003, Fentenapu logró reincorporar a 17 trabajadores. Meses después, ingresaría otro grupo.

"Pero esta reincorporación no nos impartía justicia. Cuando retornamos en el 2003, nos hacen un nuevo contrato, lo que se convierte en un problema para el cálculo de beneficios laborales como la CTS, una posterior jubilación e incluso los derechos ganados por negociación colectiva en Enapu",dijo.

Otro punto que no aclara el fallo es cómo reparar los daños a los deudos de los trabajadores fallecidos. Si bien se consigna la indemnización, no se señala la posibilidad de que algún hijo pueda ocupar la vacante.

Darwin Padilla, hijo del fallecido Fernando Padilla, esperó que este fallo invoque a Enapu a reconocer los años laborales suspendidos para que así su madre pueda gozar de una pensión de viudez justa. "En su momento, fue todo un dolor que nadie pueda ocupar el puesto de mi padre porque, dejamos de estudiar y teníamos que sobrevivir, pero hoy esperaríamos que eso sea revertido y que mi madre, su esposa, pueda gozar de una mejor condición de vida", explicó.

El fallo de la Corte IDH establece una ventana de 6 meses para que el Estado Peruano establezca un escenario de diálogo con los trabajadores previo a la indemnización, una que se calculó preliminarmente en US$ 50 mil. Esta reparación deberá efectuarse en un plazo no mayor a un año.

"Sabemos que la CIDH ya notificó al Estado a través de la Cancillería. De ahí deberá notificar al Ministerio de Justicia que es quien debería llamarnos a dialogar. Hasta ahora no ha sucedido", explicó.

Cabe recordar que en el fallo de la Corte IDH también están incluidos a 39 trabajadores del Ministerio de Educación, 15 trabajadores del Ministerio de Economía y 85 trabajadores de Petroperú.

"Lo que haremos es reunirnos con estos otros trabajadores y exigir que el Estado convoque de una vez al diálogo", dijo Félix Nolasco de Fentenapu.

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