UIGV amplía su plazo de cese hasta el 2024 y ahora apunta a un nuevo licenciamiento

Tres años después de la denegatoria de su licenciamiento, la Universidad Inca Garcilaso de la Vega (UIGV) aún atraviesa una serie de cambios. Ahora, esta institución privada, que pasó de tener 16.000 a menos de 1.000 alumnos, pretende seguir en funcionamiento, reestructurarse y, en el mejor de los casos, volver a ser evaluada por la Sunedu.

En octubre del 2019, la superintendencia le denegó la autorización por no cumplir con ninguna de las condiciones básicas de calidad. Esto estuvo acompañado por deficiencias en la gestión y sostenibilidad financiera por parte del entonces rector, Luis Cervantes Liñán, quien permaneció más de 15 años en el cargo y había sido denunciado por ganar más de 2 millones de soles mensuales.

Con esta medida, la UIGV —con 97 carreras de pregrado, 9 locales en Lima y una filial en Ica— ya no podía convocar a procesos de admisión, pero sí tenía que seguir con la emisión de grados y títulos, y brindar el servicio.

Tras la denegatoria también se estableció que debía cerrar en un plazo no mayor de dos años, aunque esto luego se amplió en el marco de una disposición excepcional —habilitada para todas las denegadas— hasta el 2 de marzo del 2023. No obstante, se acaba de acoger a una nueva prórroga y ahora su proceso de cese va hasta el 3 de marzo del 2024.

De acuerdo a un oficio del 28 de octubre, al que tuvo acceso este diario, la Sunedu notificó la nueva fecha solicitada por la administradora concursal de la UIGV, Yuly Herrera, para el cese de sus actividades. Añade que la universidad cumplió con presentar su plan de operaciones y que debe continuar con el registro de grados. De lo contrario, podrían imponerse sanciones.

La casa de estudios ha confirmado el plazo, el cual apunta a que los estudiantes finalmente puedan culminar sus carreras.

A cargo de empresas

En los últimos tres años, además de Cervantes Liñán —quien continuó firmando documentos de la UIGV hasta el 2021, pese a las sanciones de Sunedu—, pasaron otros rectores como Ramiro Gómez, Julio Villar y, actualmente, Willian Chu. Las últimas dos incorporaciones se dieron cuando esta universidad asociativa (sin fines de lucro) ya había ingresado a un proceso concursal ante sus millonarias deudas, y su administración pasó a cargo de empresas liquidadoras.

Pero hay otro cambio. Si bien en junio del 2021 los acreedores acordaron su disolución y liquidación, en setiembre último decidieron cambiar su destino patrimonial a “reestructuración”.

“De esta manera, la universidad deja de estar en un esquema de liquidación (...). Estamos convencidos de que la administración cumplirá con el objetivo principal de obtener el licenciamiento”, detalló en un comunicado Yuly Herrera, administradora concursal de la UIGV desde hace cuatro meses.

Consultada sobre el tema, la Sunedu precisó que la presentación a un nuevo proceso de licenciamiento es una “decisión que corresponde a las universidades en el ejercicio de su autonomía”. Para ello, deben enviar su solicitud y documentos sustentatorios a efectos de que la Dirección de Licenciamiento los evalúe.

Sin clases ni títulos

La intención de solicitar la licencia a Sunedu también ha sido informada por las autoridades a la Federación de Estudiantes y Graduados Garcilasinos (FEG) y a la agrupación Resiliencia Estudiantil Garcilasina. “Nuestra lucha no es que se cierre la universidad. Siempre hemos querido que se cumplan los requisitos de la Sunedu y Minedu y se atienda a los estudiantes perjudicados. Pedíamos la reestructuración”.

Según detallan, tras la denegatoria —sobre todo en pandemia— se han reportado casos de alumnos que no han recibido ni siquiera clases virtuales (aún no hay presencialidad), reducción de docentes y procesos de titulación truncos. Ahora piden que se evalúe la continuidad de algunas autoridades y que Sunedu y Minedu colaboren en lo necesario.

La notificación

En este oficio, firmado por la Sunedu, la UIGV fue notificada de la ampliación por un año del plazo para que cese sus actividades.

Dato

Hay que precisar que, en la actualidad, en el Congreso hay un proyecto de ley que permitiría que once universidades asociativas con licencia denegada tengan una segunda oportunidad para subsanar las exigencias incumplidas. Esto implica que lo hagan bajo un esquema anterior y no con la nueva evaluación -más exigente- de la Sunedu.