Ley Forestal. Lucila Pautrat: “Se han deforestado aproximadamente 11 millones de hectáreas a nivel nacional

—Para que nuestras audiencias entiendan, de manera muy sencilla, ¿De qué se trata los cambios en la Ley Forestal y de Fauna Silvestre que ya generó alarma en varios países del mundo?

—Esta modificatoria de la Ley Forestal lo que implica es anular la obligatoriedad de los estudios de suelos para el cambio de uso de las tierras forestales y de protección, y a partir de esta anulación se produce una cadena de infracciones e irregularidades, tanto vulneraciones a la Constitución Política del Perú como a la Legislación Forestal. Como sabemos, la Constitución es clara en señalar en el Artículo 66 que los bosques, las tierras forestales y las tierras de protección son recursos naturales que son patrimonio de la Nación y así mismo lo establece la Ley Orgánica de Aprovechamiento de Recursos Naturales.

—Esto podría generar deforestación ¿ese es el riesgo mayor?

—Exactamente, porque lo que establece tanto la Constitución como la Ley Orgánica y la Ley Forestal es que los bosques y las tierras forestales no pueden ser adjudicados en propiedad, tienen que ser concesionados, como cualquier otro recurso natural, como las minas, el agua, el mar, el petróleo, o el espectro electromagnético.

—Para ello tienen que entrar a tallar obviamente las instituciones pertinentes y obviamente también las comunidades de la zona, ¿es así?

—Tiene que haber un proceso de Consulta Previa en el caso de los bosques, porque cuando se liberan este tipo de regulaciones  se afectan derechos colectivos de los pueblos indígenas. Es importante. Y lo que ocurrió en el Perú es que durante los últimos 30 años, y particularmente durante los últimos 10, se han invadido aproximadamente unos 11 millones de hectáreas de tierras forestales con bosques para instalar monocultivos agroindustriales.

—Repitamos la cifra, estamos hablando de 11 millones de hectáreas. Esto es muchísimo, aproximadamente esto significaría ¿qué área, de qué departamentos en el país?

—Por lo menos Ucayali.

—¿Eso es lo que se ha deforestado?

—Sí, se han deforestación aproximadamente unos 11 millones de hectáreas a nivel nacional y lo que se busca con esta norma es formalizar un delito, una situación de irregularidades, de vulneraciones a la Constitución, a la Ley Orgánica de Aprovechamiento de Recursos Naturales a la Ley Forestal y otras normas ambientales, porque estas tierras se han ocupado sin contar con ningún estudio de suelo, sin autorización de cambio de uso, sin estudio de impacto ambiental y esta norma lo que hace es favorecer a los grandes consorcios empresariales que vienen ocupando estas áreas, generando tráfico de tierras, invasiones y adjudicándose estas áreas de manera irregular.

—Lucila, como sabes, el Congreso la promulgó por insistencia. Si lo aprueba por insistencia es porque el Ejecutivo observó la norma. Además, el Congreso habría saltado su reglamento interno. Entonces, esto ya de por sí también genera complicaciones.

—También se han generado algunas irregularidades al momento de aprobar la norma o de publicarla, sin considerar las reconsideraciones que habían solicitado dos congresistas de la República. Y eso es algo que también está en discusión porque diversas organizaciones de la sociedad civil, pueblos indígenas, la academia, las embajadas, los gobiernos regionales, se están pronunciando. Hay un rechazo masivo a esta norma y se han presentado algunas medidas legales ya para corregir esta situación de irregularidad que se ha dado.

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—Hay alerta de varios países del mundo. El viernes pasado, en la mañana, muy temprano, las embajadas de cuatro países han emitido un comunicado conjunto advirtiendo de esta situación. Justamente lo reproduce la República en su edición impresa y digital. Cuatro países expresan preocupación por la Ley Forestal y de Fauna Silvestre promulgada por insistencia por el Congreso. Nos referimos a los comunicados de las embajadas del Reino Unido, Canadá, Alemania y Bélgica. El comunicado dice así: Como socio del Perú en la Declaración Conjunta de Intención de Cooperación para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero debido a la deforestación y degradación forestal, junto con otros países cooperantes, expresamos lo siguiente respecto a la Ley Forestal:

“Tomamos nota de las recientes iniciativas legislativas aprobando modificaciones a la Ley Forestal y de Fauna Silvestre, la Ley 29763. Nos preocupan los potenciales impactos para el cumplimiento de los objetivos asumidos por el Perú en el marco de la DCI, las implicaciones para la implementación de la Declaración de Belém y de Pucallpa y los compromisos internacionales más amplios del Perú para proteger la biosfera única de la Amazonía. Consideramos que una consulta social amplia e inclusiva es imprescindible para avanzar en nuestro objetivo compartido de reducir la deforestación. Como donantes, esperamos conversar con las autoridades peruanas sobre cómo estos cambios afectarían las iniciativas de protección y aprovechamiento sostenible de los bosques, así como los derechos de los pueblos indígenas”.

Lucila hay alerta de cuatro países importantes, que son cooperantes con nuestro país, y el Perú tiene acuerdos comerciales también con ellos. ¿Podría tener algún efecto comercial hacia futuro si esto continúa como está?

—Claro, porque en este caso el Perú está incumpliendo sus compromisos internacionales. Ya en el año 2010, en la COP 15 de la Cumbre de Cambio Climático, el Perú se había comprometido a la deforestación cero al 2021. En el 2021 la deforestación pasó de 75.000 hectáreas al año a 150.000 hectáreas al año. Estamos en el 2024 y seguimos incumpliendo estos compromisos internacionales, y a pesar de ello, el Perú sigue recibiendo fondos de la cooperación para la mitigación del cambio climático y para la conservación de bosques, además de que también se están incumpliendo las cláusulas del Anexo Forestal del TLC Perú-Estados Unidos y otros acuerdos comerciales.

—El Perú tiene acuerdos comerciales con Estados Unidos, con la Unión Europea obviamente, con Canadá, con el Reino Unido, y esto sí podría afectar comercialmente …

—Con China, también.

—Con China, que también están preocupados en la situación. Y en este contexto ¿tú has visto casos similares donde embajadas, países, hayan reaccionado de esta manera sobre casos pertinentes, como en el caso de la Amazonía?

—Claro, no es la primera vez que el Perú incumple sus compromisos internacionales, y que muchas veces las Embajadas y la cooperación alertan sobre esta situación de incumplimiento, de retrocesos. Hay una especie de ataque sistemático a los bosques en el Perú esta norma que modifica la Ley Forestal es la implementación nuevamente del discurso del perro del hortelano. Es otro Decreto Legislativo 1090 que ya generó un conflicto con los pueblos indígenas y nuevamente insisten. También hay responsabilidad de parte del Ministerio de Desarrollo Agrario, porque  viene promoviendo esta política de deforestación para monocultivos agroindustriales desde hace más de 20 años, y ahora no ha sido contundente como para salir a manifestarse en contra de esta norma.

—Estamos hablando entonces de la defensa de la Amazonía, y si los países más grandes del planeta, los más desarrollados, ponen su foco de atención en el Perú, es porque quieren preservar la Amazonía, el pulmón de la humanidad en el presente y en el futuro. Explícale a la gente por qué es importante cuidar la Amazonía.

—Claro, en este caso el bioma amazónico, que abarca más de siete países en Sudamérica, es uno de los bloques más grandes y más importantes de bosques tropicales a nivel global y centro de biodiversidad, es un espacio mega biodiverso  que cumple varias funciones esenciales de termorregulación en un escenario de cambio climático y también de regulación hídrica. Entonces, estamos hablando precisamente de una región estratégica para la mitigación del cambio climático y para mantener las fuentes de agua dulce para los próximos 100, 200 años. Es decir, con la conservación del bioma amazónico, nos estamos jugando la sobrevivencia no solamente de las especies que viven en el bosque, sino también de toda la especie humana. La sobrevivencia del planeta.

—Estamos hablando de la sobrevivencia de los seres humanos. Vamos a ver un comunicado de los gobernadores, porque ellos han saltado de inmediato, lo han dicho de esta manera:

“Los gobernadores integrantes del Consejo Directivo de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, manifestamos nuestra preocupación y enérgica protesta por la promulgación por insistencia de la Ley 31973, que modifica la Ley Forestal, iniciativa que cuestionamos y que fuera además objeto de observación por parte del Poder Ejecutivo, sociedad civil y por nuestras regiones amazónicas.

Preocupa hondamente que esta ley vulnere el Artículo dos en su numerales 1 y 22 y los Artículos 67, 68 y 69 de la Constitución, por cuanto implica un grave atentado al desarrollo sostenible de la Amazonía, además de poner en grave riesgo el derecho de gozar de un ambiente equilibrado, promoviendo de manera indirecta actividades informales que atentan contra nuestros bosques, agravando la deforestación ya existente.

No podemos permitir que la tala ilegal, la minería ilegal, el tráfico de tierras y el narcotráfico sigan fortaleciéndose en nuestros territorios. No es menos cuestionable la forma con la que se ha procedido a su formulación, sin respetar el reglamento del Congreso vulnerando el procedimiento parlamentario al existir reconsideraciones pendientes de votación.

Por lo expuesto exigimos al Congreso la inmediata derogatoria de la Ley 319731”

— Lucila ¿crees que vamos en camino a la derogatoria de esta Ley?

—Sin duda. Tiene que derogarse esta norma porque no solamente es inconstitucional, no solamente ha vulnerado el Artículo 66 de la Constitución, sino que, como bien dicen los gobernadores regionales, han vulnerado derechos fundamentales,  como el derecho al medio ambiente y también la consulta previa a los pueblos indígenas. Entonces, esta norma se tiene que derogar porque afecta no solamente a todos los bosques en el Perú, sino que además genera escenarios de impunidad para todos aquellas infracciones, delitos forestales y ambientales que se vienen cometiendo. Y los gobernadores regionales son los que tienen que afrontar finalmente las consecuencias del tráfico de tierras, del sicariato, del narcotráfico, de la tala ilegal, de la minería ilegal en las regiones y no cuentan con la capacidad, los recursos y el apoyo que necesitan del Gobierno nacional para combatir el crimen organizado en las regiones.

—Lucila, de otro lado, por la parte judicial se estima que hay más de 10.000 juicios pendientes por asuntos de deforestación. ¿Con esta ley, cómo crees que van a continuar esos casos en el Poder Judicial?

—Sí, de acuerdo a las estadísticas, precisamente de la Procuraduría del Ministerio del Ambiente, quien asume la defensa del Estado en los casos en los que se han cometido infracciones y también delitos contra los bosques, ellos han estimado que de los delitos que corresponden a los delitos forestales hay aproximadamente unos 10.000 casos.

—10.000 casos.

—10.000 casos, de los cuales 3000 están en grave riesgo, según lo ha manifestado el Procurador, porque lo que hacen es precisamente convalidar estos delitos que se han cometido y el Estado está perdiendo no solamente años de investigación fiscal, policial, juicios, diligencias, viajes y pago de los abogados, sino que además las reparaciones civiles, las multas también que se han producido, y hay una grave afectación al principio de autoridad tanto de las autoridades regionales como de la autoridad forestal y la autoridad ambiental en el Perú.

—Una precisión. ¿Estamos hablando de 10.000 casos a nivel general y 3.000 que podrían verse de inmediato afectados. ¿O sea, el Estado peruano podría perder estos casos?

—No debería perderlos, pero sí están en riesgo, porque precisamente lo que se hace con esta norma es convalidar la deforestación que se ha dado, sin contar con los estudios de suelos, sin contar con autorización de cambio de uso, sin estudio de impacto ambiental, y estas empresas que están promoviendo esta norma siguen operando de manera ilegal y muchas de ellas están judicializadas y están buscando estos escenarios de impunidad para librarse de su responsabilidad penal, civil, administrativa.

—¿Lo que significa, entonces, es que se va a legalizar lo ilegal?

—Así es.

—O sea, ¿estos procesos de deforestación, que son ilegales, se van a legalizar con la norma?

—Y dentro de estos 11 millones de hectáreas también están los más de 100.000 – 120,000 hectáreas de cultivos ilícitos, ahí hay una discrepancia en cuanto a los números de plantaciones de coca, plantaciones de marihuana, de amapola y que además son incrementales, porque estamos hablando que el Estado peruano ha reconocido entre 100 y 120.000 hectáreas de cultivos ilícitos al año, pero cada año el proyecto CORAH erradica aproximadamente 20.000 hectáreas, pero la cifra de áreas que tiene cultivos ilícitos sigue aumentando cada año pese a la erradicación. Es decir, ahí no tenemos claridad sobre cuál es la cifra real de los cultivos ilícitos que además se van a formalizar con esta norma.

—Lucila, ¿cómo crees que Estados Unidos nos está viendo? Tenemos un acuerdo comercial con Estados Unidos, uno de los socios principales del país. Porque, como sabemos, cuatro países ya han dado su pronunciamiento, esto es un jalón de orejas para el país. ¿Obviamente el Estado peruano en el caso de Estados Unidos, cómo crees que nos están viendo?

—Bueno, sin duda, con preocupación, porque estamos incumpliendo las normas ambientales y los acuerdos, el anexo 18.3.4, que es el Anexo Forestal del Protocolo Comercial con Estados Unidos y que además permite a los ciudadanos peruanos activar los mecanismos de supervisión del Estado peruano por este incumplimiento. Porque en este caso el TLC con Estados Unidos es muy claro en señalar que no puede haber un retroceso en la regulación forestal o en la regulación ambiental y que se tienen que conservar los bosques, y también las normas que ya se han aprobado precisamente a raíz de este conflicto de Bagua. Recordemos que la Ley Forestal actual, la 29763, es una Ley negociada en un escenario de posconflicto, Sin embargo, la prohibición del cambio de uso de tierras forestales y de protección a usos agrícolas data desde el año 75. Entonces, tampoco es que los agricultores no sabían cuando estaban entrando a las tierras forestales, porque la Prohibición de Cambio de Uso de las Tierras Forestales y de Protección datadesde  1975, con la Ley 21147, luego la 27308 del año 2000, y la 29763 del 2011.

—De otro lado, desde tu punto de vista, ¿cómo crees que fue la respuesta del Ejecutivo luego que el Congreso promulgó por insistencia, la norma? Ellos se han quedado callados, como que no pasa nada para ellos.

—Sí, bueno, ha sido una respuesta débil y tardía, Recientemente se ha pronunciado el Primer Ministro, pero esperamos que haya contundencia legal respecto a revertir esta norma y derogarla de manera inmediata.

—¿Cuáles son tus principales recomendaciones sobre este tema que nos convocó en el programa?

—Nosotros exhortaríamos al Congreso de la República a que tome conciencia de este grave error que se ha cometido y derogue inmediatamente la norma, porque es una norma inconstitucional. Igualmente, nosotros (el Colectivo de ONGs y Organizaciones Indígenas) hemos presentado una Demanda de inconstitucionalidad, ya también algunos gobiernos regionales, y tarde o temprano esta norma tiene que corregirse y volver a restablecer el principio de contar con los estudios técnicos para poder determinar cuál es la categoría de uso que corresponde a cada tierra y no vulnerar los derechos de los ciudadanos peruanos.

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—¿Crees posible que el presidente del Congreso sea pasible de una denuncia constitucional?

—Sin duda ha cometido una serie de irregularidades y esperemos que sí, pronto sea corregida también esa situación.