Protestas en Perú: Inspectoría archiva 4 casos de represión policial con investigaciones negligentes
Informe de Ojo Público advirtió que las diligencias para investigar a efectivos responsables de agresiones contra manifestantes durante las marchas han sido mínimas, lo que ha justificado el archivamiento de algunas de ellas.
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Un informe revelado este domingo 6 de agosto por el portal de investigación Ojo Público detalla una serie de negligencias que se habrían perpetrado en las investigaciones realizadas por la Inspectoría de la Policía Nacional del Perú a los efectivos policiales que participaron en las marchas suscitadas en oposición de la presidenta Dina Boluarte durante sus primeros meses de Gobierno. Estas desatenciones al proceso de investigación interna dieron como resultado que hasta la fecha 4 de los 11 procesos internos iniciados contra efectivos policiales en diferentes regiones del país sean archivados, lo que da paso a la impunidad.
En el reporte se detalla cómo se han registrado imprecisiones en la toma de pruebas, registros, entrevistas y demás procesos de las investigaciones internas, lo que arroja como resultado una "falta de diligencia en la búsqueda de pruebas para identificar a los presuntos responsables de los muertos y heridos en las protestas".
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¿Qué procedimientos se habrían omitido en los casos archivados?
El informe detalla que en la respuesta de solicitud de transparencia enviada por Ojo Público "no se consignan diligencias para identificar al total de policías involucrados en los operativos, ni su cadena de mando, no se menciona que se haya solicitado análisis de cámaras de seguridad, no se detallan tampoco diligencias ni inspecciones en las dependencias policiales".
Tampoco hay entrevistas de primera mano, ni toma de declaraciones a testigos entre las diligencias a realizar, inclusive se obvia informar sobre los análisis de las evidencias otorgadas por civiles del lugar o de entidades privadas. De hecho, el mismo general Egdar Horna Moreno, jefe de Investigaciones en la Inspectoría, entrevistado por el medio digital, "reconoció que las oficinas de disciplina no tienen ningún impedimento para el acopio de información", por lo que la ausencia de estas diligencias no termina de ser explicada.
Cabe destacar que, por ley, la "Policía debe identificar, ubicar y acopiar indicios, evidencias, pruebas y otros insumos que puedan ser utilizados para evaluar el inicio del procedimiento administrativo disciplinario"; sin embargo, estas diligencias no se habrían realizado.
Las consecuencias de las negligencias dentro de la Inspectoría
La falta de información en cada una de las investigaciones generaría un impacto directo en el resultado: 4 de los 11 casos abiertos se encuentran en la actualidad archivados bajo estas excusas. Un ejemplo es lo detallado por el informe del medio.
Según Ojo Público, de los 4 casos archivados, 2 de estos están a cargo de la oficina de Disciplina de Trujillo, en la región de La Libertad.
El primero, tras las muertes de Carlos Huamán el 14 de diciembre, y las agresiones de Michael Nuninga Escalante el 13 de diciembre. Y el segundo iniciado con la muerte de Nixon Sánchez Huaynacari, de 23 años; y "ambos casos fueron archivados por la Inspectoría argumentando que, hasta entonces, la Fiscalía no había logrado determinar si había efectivos policiales presuntamente vinculados a las agresiones".
