Designan a funcionarios que incumplen perfil profesional en municipio de Ferreñafe, según Contraloría
Lambayeque. La entidad contralora también verificó que el gerente municipal Wilmer Vásquez tiene una acusación de la Fiscalía Anticorrupción.
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La Contraloría General detectó que los actuales funcionarios de confianza del alcalde de la provincia de Ferreñafe (región Lambayeque), Polanski Carmona Cruz, no cumplen los requisitos mínimos establecidos en el Manual de Clasificador de Cargos (MCC) y el Manuel de Organización y Funciones (MOF). Este diario buscó el descargo del burgomaestre de Ferreñafe a través de llamas por teléfono, pero hasta el cierre de edición no se concretó ninguna comunicación.
Informes
Estos informes ya están en manos de la Procuraduría Municipal y serán remitidos al Ministerio Público para determinar presuntas responsabilidades penales.
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Un primer caso es el del gerente municipal Wilmer Vásquez Guerrero, quien no cumple los requisitos mínimos para dicho cargo, según el Informe de Orientación de Oficio n.° 003-2023. La Contraloría precisó que Vásquez Guerrero no cuenta con el grado de Maestría en Gestión Pública.
Respecto a Vásquez Guerrero, también recae una acusación penal formulada por la fiscal anticorrupción Karim Ninaquispe Gil, por el presunto delito de colusión simple. A este funcionario se le acusa por los hechos ocurridos en el 2020, cuando se desempeñaba como jefe de la oficina de Logística del Gobierno Regional de Lambayeque (GORE), durante la gestión del exgobernador Anselmo Lozano.
Un segundo caso es el gerente de Planificación y Presupuesto, Charles Deivis Cubas Cerdán. Este funcionario no cumple con el requisito de experiencia general no menor de 4 años para ejercer cargo público.
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Estos hechos fueron comunicados al alcalde de Ferreñafe para que tome acciones correctivas y preventivas, el último 10 de febrero de 2023.
En otro Informe de Orientación de Oficio n.° 004-2023 la Contraloría advirtió que Pablo Javier Díaz Zeña, jefe de la Unidad de Gestión de Recursos Humanos, no cumple con la formación académica mínima requerida para el cargo. Recientemente, el Poder Ejecutivo promulgó una norma que sanciona con prisión a quienes incumplan los requisitos para el nombramiento en cargos públicos. Dicho reglamento implica sanciones penales a ambas partes (el funcionario que nombra y el personal que acepta cargos).
