Paro en Juliaca: ¿qué fue el ‘Aymarazo’ y por qué se denominó así?
A raíz del paro indefinido en Juliaca, algunos dirigentes recordaron el conflicto social ocurrido en mayo de 2011, durante el segundo gobierno de Alan García.
Un paro indefinido se viene desarrollando en la ciudad de Juliaca, Puno. La medida forma parte de las manifestaciones que se realizan en diversas regiones del país por parte de ciudadanos que exigen el adelanto de elecciones para este 2023, así como el cierre del Congreso y la salida de Dina Boluarte de la presidencia. Hasta el momento, se han registrado enfrentamientos entre manifestantes y policías, producto de un grave escenario de crispación social.
En medio de ese panorama, algunos dirigentes sociales recordaron el ‘Aymarazo’, como se conoce a un conflicto social ocurrido hace más de una década.
¿Qué es el ‘Aymarazo’?
Se conoce como ‘Aymarazo’ al conjunto de acciones de enfrentamiento social que se desarrollaron en la región Puno entre mayo y junio de 2011, durante las últimas semanas del gobierno aprista de Alan García Pérez. Por entonces, el origen principal de los reclamos era la concesión minera Santa Ana, a cargo de la empresa canadiense Bear Creek Mining Corporation (BCMC) y otorgada por el Ejecutivo mediante un Decreto Supremo. Las protestas solicitaban derogarlo.
Los pobladores de la zona sur de Puno rechazaban el proyecto, que tendría lugar en el distrito de Huacullani, provincia de Chucuito, debido a que las actividades extractivas de la minera perjudicarían sus actividades agropecuarias y además generaría la contaminación de sus aguas.
PUEDES VER: Paro en Juliaca: fotoperiodista recibe impacto de proyectil durante cobertura de protestas
¿Qué sucedió en el ‘Aymarazo’ y por qué se denominó así?
Los lugareños, liderados por el entonces presidente del Frente de Defensa de los Recursos Naturales de la Zona Sur de Puno, Walter Aduviri Calisaya, lanzaron varias advertencias al Gobierno. Ellos pedían diálogo y que sus demandas fueran escuchadas. Sin embargo, no se les tomó en cuenta.
La indiferencia de las autoridades políticas desató una serie de medidas, como paros y protestas, que fueron tomando fuerza hasta llegar a su punto más álgido, el 26 de mayo de 2011. Ese día, manifestantes aymaras que llevaban varios días realizando plantones y pernoctando fuera de instituciones públicas tomaron algunos establecimientos de organismos del Estado. Los locales de la Sunat, la Contraloría General de la República, la Gobernación y Aduanas fueron atacados.
Desde el estallido de la revuelta, se le denominó ‘Aymarazo’ por la inminente presencia de comunidades indígenas aymaras, quienes buscaron sin descanso defender sus territorios.
