Patologizar a las personas trans también es una forma de violencia

A pesar de que sus derechos no son plenamente reconocidos en el país, las personas trans no dejan de ser ciudadanas. Quienes sienten o se identifican de una forma distinta al sexo que les asignaron al nacer, enfrentan una serie de barreras para acceder a derechos fundamentales, tales como la educación, salud y trabajo.

Ir a un establecimiento de salud, matricularse en un centro de estudios o transitar por las calles se convierte, con mucha frecuencia, en episodios de violencia y discriminación. Incluso, a ello se suma la expulsión temprana del hogar que padecen por manifestar su identidad de género.

Otro caso preocupante es que las personas trans no cuentan con el derecho de cambiar sus datos en el DNI por aquello que sí reflejan su identidad, hecho que guarda una relación estrecha con situaciones de exclusión social, económica y política en el país.

Sin garantías para la salud

Las personas trans aún no pueden acceder de manera plena a la salud. Al ser vistas como “enfermas”, este acto negativo impacta en su bienestar físico y mental, debido a que la atención que se les brinda parte de encasillarlas en un diagnóstico psiquiátrico, sin tomar en cuenta la discriminación y violencia a las que se encuentran expuestas.

Todo ello ha generado que se establezca el Día Internacional por la Despatologización de las Identidades Trans, la cual expresa la necesidad de la atención a esta población, especialmente en el sector salud, desde un marco de derechos humanos donde se prohíban prácticas de tortura como las mal llamadas “terapias de conversión”, así como leyes que garanticen el reconocimiento legal de su género.

Susana Chávez, directora del Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos - Promsex, señala que “la discriminación contra las personas trans es histórica y empieza con la negación de un DNI que respete su identidad y les permita sentirse cómodas en postas y hospitales”.

Además, Chávez recalca que la ausencia de medidas no toma en cuenta que la Corte Interamericana de Derechos Humanos indicó que los estados deben establecer los procedimientos adecuados para proteger a las personas trans.

Perú, rezagado en la región Latinoamérica

La normativa a favor del bienestar de las personas trans en el Perú se reduce a un decreto técnico del Ministerio de Salud (Minsa) aprobado en el 2016, aunque este se orienta a atender asuntos puntuales como la prevención del VIH y la obligación del Estado de brindar el acceso a insumos hormonales.

Según la encuesta sobre actitudes hacia la población de mujeres trans en el Perú, elaborada por el Instituto de Estudios Peruanos (IEP) y Promsex, un 75% de encuestados está de acuerdo con que “los servidores públicos respeten el nombre con el que las mujeres trans se identifican”. Sin embargo, el 37% de peruanos considera que las mujeres trans son causa de traumas de la infancia o malas experiencias.

Por su parte, en el caso de los hombres trans, se dan violentas prácticas correctivas. El reciente estudio denominado “Cuerpos y resistencias que transgreden la pandemia: trasmasculinidades y personas de género no binario AMAN en Perú” revela que 47,5% de trans masculinos sufrió amenazas de violencia sexual.

Esta realidad, sin duda, no hace más que incrementar el nivel de discriminación que existe en el país. La intolerancia y el complicado acceso a derechos fundamentales han provocado que las personas trans sean víctimas de la indiferencia y discriminación. Por ello, es importante que se ejecuten una serie de estrategias para lograr un cambio en la sociedad.

[Contenido patrocinado]