Sociedad

Chiclayo: MPCh en la mira por presunta designación irregular de funcionarios

Los munícipes de minoría denunciaron que alcalde Marcos Gasco no solo designó funcionarios con sentencia, sino que también no otorga el legajo personal de 44 gerentes y subgerentes.

Los regidores pidieron la intervención de la Fiscalía y Contraloría. Foto: La República
Los regidores pidieron la intervención de la Fiscalía y Contraloría. Foto: La República

Ante la designación de funcionarios en la Municipalidad Provincial de Chiclayo (MPCh), los regidores del bloque de minoría denunciaron que el alcalde Marcos Gasco vulneraría las normas, además no cumpliría con la Ley de Transparencia al no proporcionar información respecto al legajo personal y declaraciones juradas de gerentes y subgerentes.

Jony Piana lamentó que presuntas irregularidades afecten el ayuntamiento, entidad que ya sufrió hechos de corrupción con dos burgomaestres: Roberto Torres y David Cornejo, hoy recluidos en un establecimiento penitenciario.

El concejal señaló a La República que, a pesar de que la Ley de Reforma Constitucional N.° 31042 prohíbe a personas con sentencias en primera instancia a ejercer función pública, Gasco designó a Salomón Chanduví, quien fue condenado a cuatro años de pena privativa de la libertad suspendida e inhabilitación, a ejercer cargo público por el delito de usurpación de funciones.

Al mismo tiempo, la Fiscalía Anticorrupción solicitó cuatro años y seis meses de cárcel contra Chanduví por el delito de colusión en agravio de la Municipalidad Provincial de Jaén.

Exigen explicaciones

El concejal también indicó que la exsubgerente de Imagen Institucional, Ana María Yesquén, no habría cumplido con el perfil profesional para desempeñar dicho cargo. “Si bien ya no cumple dichas funciones, hay evidencia que sigue efectuando labores en la comuna. Es importante que la autoridad municipal informe sobre este tema”, remarcó.

Líneas seguidas cuestionó que la administración edil engrose la planilla del municipio con la contratación de personal, tal es el caso de la ex prefecta regional, Ana Ubillús que se desempeña como asistente de la gerencia municipal que está a cargo de Juan José Salazar García.

44 funcionarios

Por su parte, Orlando Puell precisó que los pedidos para obtener información del legajo personal y de la declaración jurada de los 44 funcionarios municipales a fin de conocer si tienen sentencia penal han sido reiterativos, pero no tienen respuesta.

“Intentan ocultar información, no hay respeto a la Ley de Transparencia. Se adoptarán acciones legales y solicito la intervención del Ministerio Público y de la Contraloría General de la República”, advirtió.

La República intentó comunicarse con Marcos Gasco para conocer su versión respectos a los casos, sin embargo no respondió la llamada telefónica.