Las consecuencias de feminicidios en el Perú: ¿qué pasa con la economía y atención psicológica de los deudos?

“No me imaginé la magnitud del accidente”

La mañana del domingo 2 de junio del 2019, Lilian Morales llegaba a su casa con las compras del mercado, cuando se enteró que su nieta de 14 años llamó asustada a la casa. El motivo: su mamá, Erika Oblitas, estaba en la comisaría con su pareja, Miguel Benites, quien la había agredido. “Yo no me imaginé la magnitud del accidente, nunca me imaginé. Fueron golpes fuertes”, cuenta Lilian. A las horas, la policía dejó libre al agresor. Erika no recibió atención inmediata, pese a la gravedad de sus heridas y murió una semana después en el hospital.

Lilian se hizo cargo de su nieta, mientras que el feminicida se llevó al otro hijo que tenía con Erika. Más de dos meses pasaron para capturarlo y ponerlo a disposición de la Fiscalía Especializada en Violencia Contra la Mujer e Integrantes del Grupo Familiar del Callao en calidad de detenido. Finalmente, el niño también terminó bajo el cuidado de su abuela.

Desde inicios del 2019 hasta fines de agosto del 2020, 251 mujeres han sido asesinadas por sus parejas, más del 92% eran madres por lo que 326 niños, niñas y adolescentes quedaron huérfanos. Los casos de feminicidio destrozan los proyectos de vida de las mujeres y tienen consecuencias también para sus familias. Hijos, en caso la víctima haya sido madre, y parientes cercanos se convierten en víctimas indirectas al verse afectados económica y psicológicamente, cuando se trata de hogares monoparentales.

La tutela de los hijos pueden otorgarse, según la justicia, a los abuelos como en el caso de Lilian, donde ella y su familia velan por el bienestar de los menores. Sin embargo, al no tener recursos para hacerlo, el Estado abona un subsidio que se encarga de cubrir gastos como la alimentación, salud y educación.

En febrero de este año, el Gobierno dispuso el Decreto de Urgencia N° 005-2020, donde se dispone una asistencia económica para niños, niñas y adolescentes que hayan perdido a su madre a causa de un feminicidio, así como a hijos mayores de edad que estén realizando sus estudios satisfactoriamente y personas con discapacidad moderada o severa que hayan dependido de la víctima.

No obstante, la segunda entrega de dicho subsidio no se depositó de forma puntual, cuenta Lilian. “La primera vez que nos entregaron el cobro del subsidio fue con la lucha del colectivo, un 22 de julio. De ahí se suponía que era cada dos meses, (entonces sería) el 22 de septiembre, pero me dijeron que para el 1 de octubre”, manifestó Lilian al hacer referencia al colectivo Familias Unidas por Justicia: Ni una asesinada más, donde se reúnen los deudos de feminicidios.

“El segundo subsidio fue por insistencia, he tenido que llamar. Me incomodaba hacerlo. La alimentación de los niños no se puede esperar. Ellos necesitan desayuno, almuerzo y comida. Con 300 soles mensuales, son 10 soles diarios, no alcanza. Mi familia me apoya”, expresó con indignación.

Edith Aiquipa, abogada del Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán, concuerda con la mamá de Erika al señalar que la cantidad que ofrece el Gobierno no es suficiente. “Esperemos que, con el tiempo, (este bono) incremente. Se sondeará hasta qué punto habrá acogida y hasta dónde llegará, sobre todo, a las víctimas indirectas de feminicidio a nivel nacional. En Lima es mucho más fácil difundir este tipo de beneficios, el asunto se presenta en provincia”, comenta.

Este dinero, que asciende a los 600 soles bimestrales por persona, debe ser administrado por quien tenga la custodia de los afectados, en este caso, los menores de edad. Para inscribirse hay que llenar una solicitud en el Centro de Emergencia Mujer (CEM) y presentarlo a mesa de partes virtual del Programa Nacional para la Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar – Aurora (Programa Nacional Aurora).

“En lo virtual tenemos un límite, porque si son personas iletradas o que no manejan el tema tecnológico ya es una valla”, enfatiza la abogada, quien además asesoró con el proceso a una adulta mayor. “El formulario no es amigable. Es necesario hacer tutoriales o simplificar el acceso a estos beneficios, que sobre todo van dirigidos a sectores de la población de sectores muy precarios, lo que les impide tener acceso a un scanner o una computadora”, asegura.

Hasta el 31 de julio, el Ministerio de la Mujer ha reportado que este subsidio ha beneficiado a 119 niños y adolescentes de 57 víctimas de feminicidio en 21 regiones del país. En un primer momento, la meta era llegar a 1140 beneficiados, porque se iba a contabilizar los feminicidios desde el 2013; sin embargo, la pandemia ha sido un obstáculo para alcanzar esta cifra.

El reglamento del Decreto de Urgencia N° 005-2020 indica que dicho monto debe cubrir alimentos, salud, terapias de recuperación, entre otros. Sin embargo, el protocolo interinstitucional de acción frente al feminicidio, tentativa de feminicidio y violencia de pareja establece que la salud física y mental debe ser asumido por el SIS (Seguro Integral de Salud) en caso las víctimas indirectas no tengan seguro médico. Lilian cuenta que dicha atención no es la esperada.

“Las videollamadas son cada quince o veinte días y dura muy poco tiempo. No siguen una atención con frecuencia. Esto debería darse semanalmente o cada diez días, sobre todo en los casos de feminicidio”, manifestó Lilian, con respecto a la atención que el Instituto Nacional de Salud Mental Honorio Delgado - Hideyo Noguchi le brinda.

Para la psicóloga Sabina Deza, los menores de edad deben ser atendidos con respeto en los centros de salud, ya que tienen que procesar un duelo que les puede tomar años comprender: “Los niños tienen una necesidad imperiosa de recibir una atención especializada para que puedan tener un mínimo de tranquilidad, que les den un soporte. Y más si han sido testigos de los hechos. No es un tratamiento corto”, enfatiza.

Lilian Morales también se siente afectada por la muerte de Erika y, al no poder pagar una consulta privada, recurre al SIS para programar una cita que, en su caso, puede tardar meses en llegar. “Estamos en el mes de octubre, mi última atención fue en marzo, imagínese cuánto tiempo ha pasado. Esto es demasiado, no tengo pastillas. Sufro de insomnio y pienso en mi hija. He vuelto a revivir todo el problema por el juicio, por la culpa de ese feminicida”, se lamenta.

La prisión preventiva del feminicidio de Erika Oblitas se vence este 10 de diciembre. Lilian Morales tiene miedo de que Miguel Benites salga y su caso quede impune. Por temor a represalias, pedirá garantías para su vida y la de su familia. Por el momento, habrá una tercera acusación oral virtual este 7 de octubre.

“Me quedé en shock”

En la noche de Navidad del 2019, Idaly Fernández llamó a su mamá. Solo pudieron hablar unos minutos, debido a que María Alvarado estaba celebrando en el centro turístico La Granja en Rioja, San Martín, junto a su pareja Leoncio Daza. Sin más pendientes, su hija mayor decidió irse a dormir, pero entre sueños pudo escuchar su celular sonar en la madrugada.

Al despertar se dio con la sorpresa de que tenía 20 mensajes, uno de su tía decía: “Tu mamá ha tenido un accidente”. En ese momento, Idaly prendió la televisión y se entero que su madre había sido víctima de feminicidio. “Me quedé en shock, no sabía ni cómo pararme. Llamé a mi mamá y me contestó: ‘Hija te necesito’”, fue lo último que le oyó decir.

María Alvarado Cruz murió en el Hospital Essalud de Tarapoto. El presunto feminicida, León Daza, cumple ahora prisión preventiva, la cual acaba de ser renovada en setiembre por nueve meses más.

Cuando murió su madre, Idaly (30) tuvo que hacerse cargo de sus hermanos de 15 y 21 años. Decidió traerlos a vivir con ella a Lima, donde vive con su hija de 3 años y su papá, expareja de María Alvarado, quien sufre de insuficiencia renal y tiene que realizarse diálisis semanalmente.

“Yo soy mamá, profesora, psicóloga... hago de todo”, confiesa preocupada Idaly, quien tuvo que dejar de trabajar por la pandemia y ahora se las ingenia para hacer alcanzar los 600 soles bimestrales del subsidio económico que entrega al Estado a su hermano de 15 años. “Son 300 soles por mes, 10 soles diarios cuando la situación se normalice, tengo que sacar pasaje, comida, salud”, cuenta.

En el caso del tratamiento psicológico, la abogada Edith Aiquipa de la organización Flora Tristán explica que “si bien es cierto, el reglamento dice que el subsidio económico cubre el tema psicológico, no debería ser así. Con el tema de educación y alimentación ya se acabaron los 300 soles. Las terapias deberían seguir asumiéndolas el Estado”.

Actualmente los niños y adolescentes, cuyas madres fueron víctimas de feminicidio, conservan el seguro médico de su progenitores y así acceden al servicio de salud. Sin embargo, la situación se complica cuando son mayores de edad y no están asegurados. El protocolo interinstitucional de acción frente al feminicidio, tentativa de feminicidio y violencia de pareja establece que las víctimas indirectas que no cuentan con seguro serán incluidas en el SIS, pero en la práctica no es tan sencillo.

“Yo veía que se iba a su cama con celular, escuchaba música triste y a veces de la nada golpeaba la pared”, cuenta Idaly sobre su hermano menor, quien está asegurado en Essalud. Ahora él recibe atención psicológica en el centro de salud La Ensenada en Puente Piedra. Pero ella y su hermano de 21 años no han recibido el mismo trato.

“Cuando se da una situación de víctima indirecta es un tratamiento a largo plazo [...] En las diferentes etapas evolutivas vas a tener miradas distintas, porque tu capacidad de comprender y procesar emociones van cambiando con la edad. En esas distintas etapas necesitas un soporte y alguien que te de herramientas para procesar ese sufrimiento”, explica la psicóloga Sabina Deza del Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán.

A pesar de lo urgente del tratamiento, los procedimientos burocráticos para acceder al seguro de salud siguen siendo lentos y esto se ha agravado con la pandemia. “Yo he solicitado el SIS y estoy esperando que me respondan. Mientras tanto, la señorita del CEM dijo que iba a presentar oficios para las terapias en la posta de Ensenada, pero llegó la pandemia y se quedó en nada”. Hace algunos días, Idaly recibió una llamada para pasar por su primera consulta psicológica, nueve meses después de lo ocurrido con su mamá. Su hermano de 21 años todavía espera tratamiento.

Los deudos, quien también se ven afectados por los casos de feminicidios, son derivados a hospitales especializados en salud mental como Instituto Nacional de Salud Mental Honorio Delgado o el Hospital del Niño para recibir atención psicológica y psiquiátrica. Pero, estos esfuerzos aislados no permiten tener una visión macro de los tratamientos y sus avances.

“Debería haber un programa de intervención psicoterapéutica específica para víctimas indirectas de feminicidios. Así se puede hacer un seguimiento en el tiempo, evaluar la efectividad del programa a través de los resultados que los niños mostrarían, analizar qué tipo de conductas de riesgo podrían prevenirse”, recalca la especialista en salud mental.

Ahora la familia de María Alvarado trata de sobreponerse al dolor y espera la ayuda psicológica, mientras continúan en la búsqueda de justicia: “Aún tengo la esperanza de que en Rioja la Fiscalía haga su trabajo. Que no haya corrupción, ni influencias, porque el abogado del hombre es hijo de un fiscal superior de Moyobamba”, expresa su hija Idaly.

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