En la calle: el impacto de la emergencia en las familias venezolanas

La noche del martes último, Anadelis Torrealba (33), una expolicía natural de Yaracuy, Venezuela, se acurrucó en el interior de la garita de policía situada al frente de la embajada de su país, en la avenida Arequipa, se cubrió con una casaca, cerró los ojos y trató de dormir.

Horas antes, al mediodía, la dueña de la habitación en la que vivía, en San Juan de Lurigancho, la había echado a la calle. Anadelis le debía dos meses de renta. Con el cierre de Gamarra, su lugar de trabajo, se había quedado sin ingresos. El último sueldo le había alcanzado solo para comprar comida. No sabía adónde ir. Había escuchado que su gobierno estaba enviando vuelos para repatriar a los suyos. Con esa única esperanza, juntó sus pocas pertenencias y se fue a la embajada.

Ese martes, y también el miércoles, Anadelis estuvo junto con las decenas de venezolanos que reclamaron a viva voz ser registrados por los funcionarios diplomáticos para partir en el próximo vuelo a casa.

Muchos, como ella, habían sido desalojados por sus arrendatarios. Allí estaba Robert Jaimes (33), un tachirense que había sido echado de su habitación, en la Urbanización Musa. Y Luis Yepes (23), quien le había rogado al dueño de su cuarto que dejara quedarse a su mujer y a su hija de 4 años mientras él encontraba algún sitio que los recibiera.

El miércoles, Anadelis, Robert y Luis pasaron la noche cerca de allí, en el Parque Cervantes. En el lugar también estaban Yosibel del Carmen y Tony Godoy, quienes habían dejado sus viviendas por voluntad propia porque ya no aguantaban ser una carga para quienes los acogían. La mayoría de ellos no habían comido nada en todo el día hasta que un vecino les llevó jugos y sánguches. Ninguno tenía claro qué hacer. Anadelis no tenía un sol en los bolsillos.

150 mil familias vulnerables

La crisis de ingresos disparada por la pandemia del coronavirus ha golpeado con mayor fuerza a los más pobres del país. Y se ha sentido con particular brutalidad entre los inmigrantes venezolanos, condenados a hacerle frente sin bonos, sin redes de apoyo, en un país que no es el suyo.

Un censo que hizo recientemente la Embajada de Venezuela revela que hay más de 150 mil familias de ese país en condición de vulnerabilidad, sin medios para sobrellevar la emergencia, y que 65 mil de ellas –con mujeres gestantes, madres solteras con niños pequeños, ancianos y enfermos crónicos– están en una situación particularmente crítica.

“Según nuestras proyecciones, hay alrededor de 55 mil familias que están en riesgo de ser desalojadas”, dice el embajador Carlos Scull a La República. “Nosotros hemos recibido más de mil casos por orientación jurídica y en 640 hemos logrado evitar que los echen a la calle”.

El hambre y la pérdida de un alojamiento están llevando a los venezolanos a tratar de regresar a su país por todos los medios. Incluso, caminando. Scull dice que han identificado hasta 10 grupos diferentes de caminantes, de entre 20 y 60 miembros, entre ellos el que fue arrollado por un camión cisterna a inicios de mes.

El miércoles último, la valenciana Yohana Pelayo y su esposo se sumaron a esa estadística. Ese día, su arrendataria les dijo que si no podían pagar el cuarto que les alquilaba, en Puente Piedra, que se fueran de una vez. Cuando hablaron con La República, tarde en la noche, aún no sabían dónde pernoctarían. Pero ya lo habían decidido: regresarían a su país. Aunque fuera caminando.

No todos deciden volver. Hace un mes, Itamar Navarro y su esposo decidieron quedarse, aun cuando llevaban semanas durmiendo en las afueras del Mercado Central de Independencia. Los suegros de Itamar sí emprendieron el retorno a pie y esta semana llegaron a Ecuador. Itamar cree que en Venezuela estarían peor. Aquí pasan los días vendiendo caramelos con sus hijos, de 10 y 11 años, y con la cuñada de ella, que está embarazada.

“Nos preocupa que cuando acabe la cuarentena empiece a haber más desalojos”, dice el embajador Scull, “y por eso hemos solicitado a los organismos de cooperación internacional que tiene que haber un plan de ayuda a las familias. Nosotros estamos llevando alimentos con ayuda de empresas privadas y ONG, pero no es suficiente”.

Lo más urgente, por ahora, es alimentos, medicinas y alojamiento. El representante de Juan Guaidó en Perú aclara que no están pidiendo que los exoneren del alquiler, sino que se vean fórmulas para prorrogar los pagos.

“El Covid-19 no distingue nacionalidad”, dice. “Aquí la meta es que todo el mundo se quede en casa y para vencer esta pandemia tenemos que lograr que todas la personas cumplan con ese objetivo”.

Defensoría: “Ayudas deben incluirlos”

“Los esfuerzos que vienen haciendo los organismos de cooperación internacional, como ACNUR y la OIM, son importantes, pero insuficientes para atender la magnitud del impacto del Covid-19 en las familias de inmigrantes”, dice Percy Castillo, adjunto para los DDHH de la Defensoría del Pueblo.

Explica que, para su institución, es indispensable que el Estado peruano se asegure de que las estrategias de compensación social desplegadas para proteger y ayudar a las familias vulnerables en este período de emergencia incluyan a los inmigrantes venezolanos.

Al mismo tiempo, recuerda que los arrendatarios no pueden desalojar a los inquilinos a menos que lo hagan con una orden judicial o con la participación de notarios. “Fuera de estas situaciones, no procede ningún desalojo”, dice.