Autoridades se lavan las manos y nadie fiscaliza balones de gas

Por: Carlos Contreras Chipana

-Solo necesitas tener licencia de conducir para moto. Nada más.

Ese fue el único requisito que, en la mayoría de casos, se le exigió a un colaborador de La República para trabajar como repartidor de balones en diversos puntos de venta de gas doméstico que pululan por la ciudad. Después, tras cumplir con esa exigencia, ninguno de los locales visitados de Breña, el Cercado, San Martín de Porres, Independencia y el Rímac, que funcionan hasta en casas, le ofrecieron al postulante una capacitación profesional para la manipulación de estos productos inflamables; tampoco le aseguraron un seguro médico para él y los clientes en caso de que ocurra un accidente en los domicilios; ni mucho menos le ofrecieron implementos de seguridad. Nada de eso. Lo único que le garantizaron es que le iban a dar una motocicleta –acondicionada por los mismos empresarios– para llevar hasta cuatro cilindros de Gas Licuado de Petróleo (GLP), como si fueran cajas o bolsas de compras, y nada más. Por eso, le iban a pagar 600 soles quincenales.

Este episodio describe la gran informalidad que desde los últimos 20 años ha ido agravándose en la cadena del suministro del gas de uso doméstico, sobre todo en la etapa de distribución y comercialización (ver infografía).

Según la Sociedad Peruana de Gas Licuado (SPGL), que agrupa a empresas formales, en el Perú existen más de 9 mil puntos de venta autorizados y otros 30 mil que no cuentan con ningún tipo de permiso (bodegas, ferreterías y casas). Esto quiere decir que el 75% de locales que llevan los balones de gas a los hogares del país son informales y representan un grave riesgo.

“Es momento de que se tomen acciones conjuntas para evitar desgracias como las de Villa El Salvador. Hoy nadie prohíbe el traslado de balones de gas en moto o bicicleta; nadie certifica si los repartidores han sido capacitados en temas de instalación y control de fuga; si las empresas cuentan con un seguro médico o si han cumplido con darle mantenimiento a sus balones, o de verificar si no los han adulterado como sucede comúnmente. Ninguna autoridad hace algo ante este grave problema por un vacío legal que ninguno de los últimos gobiernos ha decidido corregir”, precisó el representante de la SPGL, Isaac Segovia.

Y en efecto. En la actualidad, las autoridades involucradas en el tema se lavan las manos, se tiran la pelota entre ellos y nadie asume responsabilidades.

Veamos el círculo vicioso

Según el Decreto Supremo 27-94/EM, el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) se debe encargar de autorizar a los distribuidores de GLP, ya sea a granel o en cilindros; además que tiene que supervisar el comercio de hidrocarburos en todo el país.

Sin embargo, Osinergmin precisó que solo tiene competencia para fiscalizar a los camiones y cisternas, mas no a los vehículos menores, como las motos y bicicletas, que realizan el servicio de delivery de balones de gas.

Osinergmin respondió también que, según la Ley Orgánica de Municipalidades, es función de las comunas regular y controlar la circulación de vehículos menores. Asimismo, indicó que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) es responsable de aprobar y certificar las modificaciones que se les hacen a estas unidades. Esto con respecto a la instalación de canastillas en las motos.

Sobre este tema, la Asociación de Municipalidades del Perú (AMPE) evitó responder; no obstante, su presidente, Álvaro Paz de la Barra, comentó hace unos días que las comunas solo eran responsables de la entrega de las licencias de funcionamiento y de defensa civil; no de la fiscalización de esos vehículos.

A su vez, el MTC aseveró que de acuerdo a la Décima Disposición Complementaria Transitoria del Reglamento de Transporte de Materiales Peligrosos es Osinergmin quien autoriza, fiscaliza y supervisa las actividades de transporte de hidrocarburos; no ellos. De esta manera, la responsabilidad de fiscalizar las motos y las bicicletas que llevan balones de gas recayó en Osinergmin.

Pero no fue todo. Cuando se le consultó al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) si se encargaban de supervisar que los trabajadores hayan sido capacitados profesionalmente por sus empleadores para repartir balones de gas o si ellos recibían beneficios laborales e implementos de seguridad, la respuesta de su oficina especializada fue la misma. De ese aspecto se encarga el Osinergmin.

El 21 de enero pasado, dos días antes de que ocurriese la tragedia de Villa El Salvador, José Rivera Flores perdió a sus dos hijos de 9 y 14 años luego de que una mala instalación del balón de gas en la cocina de su casa de La Victoria ocasionara una fuerte deflagración que cambió sus vidas. Ahora, el hombre busca responsables. Y no los halla.

Poca seguridad

Para la comisionada de transporte de la Defensoría del Pueblo, Gloria Montoya, el tema del transporte de cilindros de gas en motos y bicicletas solo es la punta del iceberg del grave problema en el que están comprendidos los 8 millones de hogares que consumen este GLP.

“La mayor preocupación que tenemos es el gran riesgo que generan los balones de gas, cuyos estados no tienen ninguna certificación. Hemos comprobado que muchos tienen muchos años de antigüedad, que son adulterados y que no presentan ningún dispositivo de seguridad. Es una bomba de tiempo y nos preocupa porque el 70% de las casas usan estos envases de GLP”, expresó.

Según el jefe territorial de los bomberos de Lima y Callao, Mario Casaretto, las emergencias por fuga de gas casi se han triplicado en estos 20 años. “En el 2000 atendimos 2.717 y en el 2019 la cifra aumentó a 6.759. Lo que nos preocupa es que el Osinergmin tenga todas las competencias para una situación crítica que debe ser atendida por varios sectores. No esperemos una desgracia para reaccionar”, afirmó tras agregar que la ciudadanía debe reducir el riesgo comprando solo a empresas formales. “La seguridad de su familia está de por medio”.

Deficiencias por corregir

Para el representante de la Sociedad Peruana de Gas Licuado, Isaac Segovia, al no tener una regulación específica sobre la distribución del GLP, existe un vacío legal que las empresas informales aprovechan para trasladar gas de esta manera.

“El 30% de balones de gas que se venden en el país son falsificados o tienen menor peso, lo que constituye un riesgo para la seguridad de los consumidores y un golpe en su economía”, afirmó el especialista.

"Lo que el público debe saber es que las empresas formales solo venden una marca de gas. Eso garantiza que el balón está calibrado y que cuenta con una póliza ante daños y afectaciones en las viviendas. Por eso no opten por los locales que le ofrecen balones de diversos colores y a bajo precio porque podrían correr serios riesgos", dijo.

Segovia aseveró también que espera que en los próximos días se apruebe una política integral para acabar con la informalidad y el peloteo de responsabilidades.

Acciones

El Ministerio de Energía y Minas dijo que se declaró en reorganización al Osinergmin con la finalidad de evaluar su situación administrativa, organizacional, así como ejecutar las acciones y medidas de reforma administrativa y de gestión que corresponda. El plazo fijado es de 90 días.

También se dispuso que las entidades públicas vinculadas con los procesos de autorizaciones, supervisión y fiscalización de transporte de hidrocarburos brinden la asistencia al Comité de Reorganización.