Reforma. La República visitó el único hogar protegido de Lima, donde mujeres que presentan trastornos mentales severos se integran a la comunidad. En el país se necesitan 400 casas, pero solo hay seis. Urge que el MEF apruebe presupuesto para atender a más de 2 mil pacientes en estado vulnerable. ,Dos jóvenes cambian sus nombres esta mañana. Una quiere llamarse Kendra y la otra Kathy. Una tercera, sin embargo, se niega a hacer eso: Isabel. Ella no quiere ocultar su identidad, busca que fotografíen su rostro y, sobre todo, su cabello. Se lo cortó hace un mes hasta dejarlo reducido a un par de centímetros. “Ya estaba mal”, pronuncia despacio. Pero ahora aquella parte del cuerpo que para algunos resulta un complemento en la cabeza, para Isabel representa los días que ha manejado la depresión. Su cabello ha crecido y ella quiere que lo fotografíen así, largo, abriéndose paso. PUEDES VER Psicólogos piden creación de una nueva Ley de Salud Mental que los incluya Desde hace un mes, esta joven de 21 años vive en una casa que no es la suya. “Pero me siento bien”, dice en la sala. Hasta ahí llegó luego de crecer en un entorno conflictivo, huir de este mismo y buscar ayuda en un hospital especializado en salud mental. En ese espacio alquilado del distrito de Carabayllo tiene un techo, medicación y terapia. También una habitación donde guarda sus tejidos, los ahorros de sus ventas y las ganas de estudiar computación. Duerme, come, vive con otras seis mujeres que también han pasado por centros psiquiátricos. Pero esta vez no son pacientes, sino residentes de un hogar para la mente. Ellas habitan el único hogar protegido de Lima, una residencia gratuita para personas con trastornos mentales severos (se estima que más de 200 mil peruanos viven con ellos) y que se encuentran en situación de abandono social o familiar. Son casas que, a largo plazo, deberán reemplazar los servicios de internamiento en hospitales donde más de 600 familias han dejado olvidados a pacientes psiquiátricos hasta por 70 años. Prioridad no atendida Si bien la creación de los hogares es una de las prioridades de la Ley de Salud Mental, promulgada a fines de mayo, por ahora es un derecho que pocos gozan. El Perú necesita 400, pero solo tiene seis: uno en Lima (solo para mujeres), uno en Moquegua y cuatro en Loreto. El principal problema: la falta de presupuesto para cuidar la mente. Desde las seis de la mañana, Jessica Galindo, cuidadora del hogar y vecina de la comunidad, llega a este espacio de dos pisos para encontrarse con una familia en movimiento: una residente alista el desayuno, otra se baña, y otra sale a trabajar. En esta casa , una joven estudia cosmetología y trabaja en un salón de belleza, otra asiste a un colegio alternativo y ocupa los primeros puestos, y una tercera tiene una hija de diez años, quien la acompaña algunas noches. Isabel recibe clases de tejido y elabora monederos, Kathy compra y vende postres, Kendra prepara chocotejas que luego lleva a mercados. Las siete mujeres, entre los 21 y 56 años, comparten una vida de puertas abiertas y un diagnóstico clínico en común: esquizofrenia. PUEDES VER Atención gratuita de salud mental en 103 centros comunitarios Todas se encuentran estables. Tanto así que en los cuatro años que funciona el hogar no se han reportado crisis, las residentes identifican los síntomas relacionados a estas alteraciones en la percepción, y si los sintieran, lo avisan a una de sus seis cuidadoras. Pueden acudir al centro de salud mental comunitario o buscar la medicación que guardan, con nombres, en una oficina del primer piso. Si los problemas físicos pueden tratarse con especialistas y fármacos, los mentales también. Dos mil en desprotección Antes del mediodía, Kathy, 35 años, también sentada en la sala del hogar, insiste en que no se acostumbra a vivir ahí. “Quiero estar con mi mamá”, dice. Su madre, 72 años, se dedica al reciclaje, vive en una azotea y padece de cáncer. Era su única compañía hasta que las recaídas en la salud de la joven la llevaron a un internamiento en el Instituto Nacional de Salud Mental “Honorio Delgado Hideyo Noguchi”. Poco después, en agosto, llegó al hogar de Carabayllo. De los 200 mil peruanos con trastornos severos, como psicosis, esquizofrenia o depresión psicótica crónica, cerca de 2 mil presentan condiciones de desprotección familiar y social, como Kathy y Kendra. Esta última, de 26 años, quiere visitar a su madre y a sus hermanos por la tarde, pero la frena una condición: también tienen esquizofrenia, pero sin tratamiento. “Antes iba a mi casa, pero ya no porque recaigo”, comenta. Urgente pedido al MEF Los pacientes, incluidos los familiares de Kendra, que sobreviven al abandono en los hospitales, albergues o en la calle podrían tener acceso a una vivienda, alimentación, medicina financiada por el Sistema Integral de Salud (SIS), acompañamiento psicológico y psiquiátrico en los más de 50 hogares protegidos previstos para este año y los 400 para este quinquenio. Sin embargo, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) aún no aprueba su financiamiento, según advierten la Defensoría del Pueblo y el Ministerio de Salud (Minsa). “Para los hogares de este año se necesitan 12 millones de soles. El plan ya está hecho, así que si se asigna el presupuesto, se hará la transferencia a cada red de salud y se implementarán en menos de dos meses”, explica el psiquiatra Yuri Cutipé, director de salud mental del Minsa y promotor de esta reforma. Su planteamiento lo respalda, sin saberlo, Kendra, quien ha interrumpido tres veces la reunión en la sala del hogar con la misma frase: “Disculpa, me gustaría que hubiera más hogares”. PUEDES VER Autismo podría tratarse con píldoras probióticas, según estudio La Defensoría también le hace un llamado de atención al MEF para que otorgue de “manera urgente” presupuesto para implementar estos hogares y los centros comunitarios. Para ellos, esto recién permitirá cumplir con la ley, dejar el modelo manicomial, y eliminar gradualmente los internamientos. En el hospital Larco Herrera son más de 400 pacientes abandonados y en el Hermilio Valdizán cerca de 50. Son personas que podrían ser dadas de alta, vivir en un hogar y recuperarse, pero pasan sus días aislados. Fin del internamiento Hace cuatro años, a las seis de la mañana, unas enfermeras despertaban a Kendra en la sala de un hospital, la bañaban con agua tibia y la vestían con pijama. En las siguientes horas la joven tomaba desayuno, veía televisión, almorzaba, salía al jardín, descansaba unos minutos, esperaba alguna visita y regresaba a su habitación. Kendra ya no recuerda si la rutina fue la misma durante los cuatro meses de internamiento en el Noguchi. Lo único que sabe es que tenía solo una muda de ropa, un pijama, y no podía usar celular. Ahora no solo tiene ese aparato (que hace poco le robaron), sino televisión, terapias de autocuidado, de revinculación familiar y educación sexual. Prepara chocotejas, va al cine, se enamora. Y todo sin horarios. “Solo debe avisar a dónde va, como en toda familia”, dice Jessica. Una de las residentes pasó días en la calle; la mayoría ha sido víctima de violencia sexual. “El abuso les provocó brotes psicóticos. En otros casos, cuando deambulan por la calle también pasan por esta situación. Son vulnerables”, explica la psiquiatra Vanessa Herrera, del centro de investigación de la Universidad Cayetano Heredia (UPCH). PUEDES VER "Las habitaciones de la ira", un espacio para calmar el estrés al ritmo de golpes Ella, quien también es coordinadora del equipo técnico del hogar de Carabayllo, ve en estos centros no solo la oportunidad de brindar un techo a ciudadanos vulnerables, sino la de mejorar su calidad de vida, desarrollar habilidades sociales, establecer vínculos con su comunidad. Lo que para muchos es una rutina diaria, para ellas es una oportunidad de tener un plan de vida –tal vez estudiar computación, como Isabel; o comprarse un terreno, como Kendra–, formar parte de la comunidad, ya no vivir detrás de muros. No lo necesitan. Eso lo sabe una de las residentes que ya está a punto de dejar este hogar y formar uno nuevo, sola, con sus ahorros. Ya no será necesario que, ni siquiera por miedo, oculten su nombre ante esta sociedad. Más programas de inclusión y menos rechazo Nancy Paye, coordinadora del hogar protegido de Carabayllo, espera que los municipios y otras instituciones colaboren con programas de rehabilitación laboral y psicosocial. Las cuidadoras reciben talleres de autocuidado y capacitaciones. Las residentes han sido víctimas de discriminación en colegios y convocatorias del Ministerio de Trabajo dirigidas a personas con discapacidad. Incluso, al inicio, hubo dificultades para acceder al SIS tras evaluar la condición del hogar. En Chile, donde hay hogares protegidos, también se entregan pensiones a personas con trastornos severos.
