Militar y policías en la red que cobraba cupos a empresas de la reconstrucción

En Piura. Comandante del Ejército y 4 agentes -tres de ellos en actividad- fueron capturados junto a otros 21 delincuentes dedicados a la extorsión, usurpación agravada, sicariato y tráfico de drogas. Organización criminal exigía cupos en obras de rehabilitación en zonas afectadas por desastres naturales, informó la PNP.

En Piura. Comandante del Ejército y 4 agentes -tres de ellos en actividad- fueron capturados junto a otros 21 delincuentes dedicados a la extorsión, usurpación agravada, sicariato y tráfico de drogas. Organización criminal exigía cupos en obras de rehabilitación en zonas afectadas por desastres naturales, informó la PNP.

Primero cayó un comandante del Ejército. Luego, fue el turno de cuatro policías, tres de ellos en actividad. Después, fueron detenidos los cabecillas, así como las segundas y terceras líneas de la organización criminal ‘Los Malditos de la Reconstrucción’. 

Esta superbanda se dedicaba a cobrar cupos a empresas encargadas de las obras de rehabilitación y prevención en las zonas afectadas por los desastres naturales en Piura, Paita y Sullana. 

Desde el 2012 cometía, además, delitos de extorsión, usurpación agravada, sicariato y tráfico ilícito de drogas. En forma increíble era dirigida por Luis Alberto Agurto Romero (a) ‘Pulga’, desde el penal de Ica, donde purga prisión por homicidio en grado de tentativa. Su lugarteniente, según las autoridades, era Jorge Luis Quezada Carmen (a) ‘Pantera’, quien tiene antecedentes por terrorismo agravado.

“Son unos delincuentes”

“Hoy no perdimos a policías, nos sacamos de encima a delincuentes”, aseguró el ministro del Interior, Mauro Medina. Y, agregó: “Desde que asumimos el cargo llevamos adelante una política de lucha contra las mafias y eso no es un eslogan, es una forma de trabajar”.

El ministro se refería al suboficial de tercera Walter Salazar Salcedo, suboficial de segunda Efraín Vera Camargo, suboficial de tercera Miguel Alexander Rivera Córdova y al técnico de segunda en retiro Gabriel Navarro Sánchez. Y también al comandante EP Duber Iván Gamboa Herrera.

En el caso de estos efectivos fueron los propios damnificados quienes aportaron pruebas a la División de Investigación de Alta Complejidad: grabaciones, fotos y videos. Y con esta información se dio parte a la Justicia que ordenó la detención de ellos y del resto de implicados. 

El director de la PNP, general Richard Zubiate, expresó que no tolerarán este tipo de casos. “Nosotros siempre decimos tolerancia cero a la corrupción policial”, sostuvo. Y, agregó: “El agente corrupto no tiene lugar en la Policía Nacional del Perú”.

Cobraban 1% por obra

Los Malditos de la Reconstrucción’ habían puesto la mira en los ingenieros responsables de las obras de reconstrucción en Piura

A sus víctimas les cobraban el 1% del valor del proyecto, además de presionarlos para pagos por concepto de ‘chalequeo’, cupos de trabajo y planillas ‘fantasmas’. Se estima que recaudaban un aproximado de S/ 1’000,000.

Los uniformados cumplían la función de prestar seguridad en los predios invadidos y alertar sobre posibles denuncias que interpusieran las víctimas o rivales con los que se disputaban la posesión de los mismos.

Las intimidaciones corrían, muchas veces, por cuenta de temibles delincuentes procedentes de Trujillo, explicó el ministro Mauro Medina. 

En ese sentido, la PNP no descarta posibles alianzas estratégicas con organizaciones criminales de dicha ciudad, como ‘Los Malditos del Triunfo’, ‘Los Pulpos’ y ‘Los Lobos’.

Asimismo, con el objetivo de doblegar la voluntad de sus víctimas a partir del chantaje, destinaban recursos a la adquisición de cámaras de grabación espías (lapiceros, relojes y lentes) para registrar las extorsiones o pagos indebidos.

Blanco de extorsiones

Una de las obras donde realizaron sus extorsiones es la remodelación de la avenida Sánchez Cerro, en Piura, que comprende el tramo desde la avenida Chulucanas hasta la avenida Wiese.

También el Consorcio Terminal Pesquero II; la creación del servicio de video vigilancia y ampliación del servicio de seguridad ciudadana en el distrito de Bellavista; la instalación del sistema de electrificación rural y redes eléctricas en las ciudades de Sullana, Catacaos, Castilla y Piura.

Otro proyecto extorsionado fue el mejoramiento del sistema eléctrico del Alimentador 1020 y 17 SED en Paita. También coaccionaron a los encargados de la construcción de galerías ubicadas en el Mercado Modelo de Piura. Las empresas Cable Visión Querecotillo SAC y empresa AWC Perú SAC, también fueron blanco de la banda.

Los Malditos de la Reconstrucción’ también hicieron uso de la violencia y amenazas de muerte contra los dueños de extensos terrenos agrícolas –aproximadamente 380 hectáreas– ubicados en la zona de Yucal I y Yucal II, en Marcavelica (Sullana) para despojarlos de sus propiedades. 

Los terrenos eran luego vendidos al mejor postor.

De igual forma, los integrantes de la organización criminal conspiraban para ultimar a otros delincuentes comunes que pretendían arrebatar terrenos que estaban bajo sus dominios.

Con narcos del Vraem

Las investigaciones han determinado que los cabecillas de esta red criminal establecieron contacto con residentes en Lima y en el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem) para abastecerse de grandes cantidades de droga.

Los cargamentos de droga eran trasladados por tierra hasta la frontera con Ecuador y otra porción la guardaban para la venta al menudeo o por ‘delivery’ a sus clientes.

Según la Policía, una logística parecida aplicaban para el tráfico de armas de fuego de corto y largo alcance.

Los pertrechos eran comercializados también en Ecuador, hasta donde las enviaban debidamente acondicionadas en camionetas.

Estructura criminal

La estructura de la banda estaba conformada así: como cabecilla operaba Jorge Luis Quezada Carmen y como presuntos usurpadores Roberto Nunjar Ávalos, Julio Mendoza Camacho, Segundo Cisneros Checa, Segundo Cisneros Atoche, José More Farfán, Jhonny Morales Requena y Miguel Rivera Córdova, suboficial de la comisaría de Cerro Mocho.

Como presuntos extorsionadores actuaban Ronald del Rosario Garabito y Gabriel Navarro Sánchez, suboficial PNP en retiro.
Asimismo, por el delito de conspiración para el sicariato fue señalado Santos Alberto Rosales Arceles; mientras que por tenencia ilegal de armas Julia Lazo Lupuche, Jorge Ruiz Castillo, Elacio Peña Córdova  y Mesías Tarrillo Coronel.

En el delito de colaboración para usurpación operaban Édgar Vences Ramos, Rolando Sánchez Arrunategui, Luis Vásquez Coronado, Duber Gamboa Herrera, comandante EP, Walter Salazar Salcedo y Efraín Saúl Vera Camargo, ambos suboficiales de la comisaría de Marcavelica.

Finalmente en la comercialización de droga estaban Miguel Campos Miranda, Katty Sánchez Córdova y Emma Castillo Córdova.

“Fueron 13 meses de investigación los que permitieron desbaratar esta banda”, dijo finalmente el general Zubiate.

Desde los penales de Río Seco y de Ica coordinaban sus delitos

- La policía incursionó en el penal de Ica y allanó la celda de Luis Alberto Agusto Romero (a) ‘Pulga’. También la celda de Manuel Robinson Cisneros Atocho(a) ‘Robin’, en el en el penal de Río Seco. 

- Estos cabecillas solían coordinar por la vía telefónica la ejecución de sus fechorías.

- Para ello empleaban fusiles AKM y pistolas HK, Glock y Pietro Beretta. 

- Las armas de fuego de corto y largo alcance eran proporcionadas desde la prisión por indicaciones de ‘Pulga’, quien las guardaba en distintas caletas bajo supervisión de sus cómplices.

- La Policía incautó una ametralladora Mini Uzi, un fusil AKM y otro G3, un rifle, tres pistolas, una pistola hechiza, 177 municiones y 131 cartuchos; y también un chaleco militar.

Comandante EP abastecía armas y cobraba cupos

El ministro del Interior, Mauro Medina, confirmó a La República que el comandante del Ejército Duber Gamboa Herrera se dedicaba al cobro de cupos en las obras de la reconstrucción de Piura.

Asimismo, indicó que este militar proveía de armamento a la organización criminal. “Existen audios que involucran al oficial en ese sentido. Esto está en investigación, no puedo proporcionar mayores detalles”, sostuvo.

Sin embargo, advirtió que “aquel que cruza a la vereda del frente pasa a ser un vulgar delincuente, y la Policía con el Ministerio Público lo debe incriminar jurídicamente”.

“La cantidad de armamento incautado es lo que llamó la atención en esta operación policial y del Ministerio Público, que ha durado aproximadamente 13 meses de trabajo de inteligencia, para reunir las evidencias que llevaron a elaborar el informe fiscal y así poder emitir los mandatos de detención y allanamiento”, explicó el titular del Interior.

En cifras

- 13 mil fueron incautados en esta operación ejecutada por 471 policías y 70 fiscales. 

- 35 inmuebles fueron allanados en Sullana, Piura, Querecotillo, Chiclayo y Lima.

- 380 hectáreas de terrenos fueron despojados a sus propietarios en Sullana.

 

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