Protestas: 59% las justifica, 53% dice que les afecta mucho, según encuesta nacional IEP

Según la encuesta IEP realizada para intentar averiguar qué piensan los ciudadanos del nivel que se ha alcanzado en la conflictividad social, se obtuvo que ante la pregunta: "¿Diría usted que las protestas están afectando su economía?", el 53% dijo que "mucho", el 16% "algo", 16% "poco", el 10% "nada" y el 5% "no sabía".

Sin embargo, pese al ya evidente efecto pernicioso de estas manifestaciones que generalmente terminan en enfrentamientos violentos con la Policía, ante la pregunta si se justifican o no esas protestas, un amplio 59% afirmó que sí se justifica y un 36% que no se justifica. 5% prefirió no opinar.

En esa misma línea, en el estudio de opinión pública del IEP aparecen otros datos relevantes: al preguntarse a los encuestados si se sienten o no identificados con estas protestas, un 59% respondió afirmativamente y un 37% dijo que no.

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Probablemente esto tiene que ver con lo que los ciudadanos expresaron al consultárseles sobre si están de acuerdo o no con las demandas planteadas por quienes han decidido expresar su reclamo en las calles: el 75% dijo estar de acuerdo con exigir la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, y el 25% se opone a ello. El 74% apoya que se reclame el cierre del Congreso, y el 25% no está de acuerdo con eso. El 73% coincide con que se demande elecciones generales este año, y el 25% no. El 69% dice estar de acuerdo con la convocatoria a una asamblea constituyente, y el 28% no.

Con el pedido que se libere al expresidente Pedro Castillo solo está de acuerdo el 43%, y no lo está el 50%. Y cuando se pregunta qué sentimiento genera la movilización de personas a Lima para participar en las protestas, el 27% dijo que solidaridad, 26% pena, esperanza 18%, cólera 16% y miedo 8%.

Entender el conflicto

Según Víctor Caballero Martin, sociólogo y exjefe de la Oficina de Gestión de Conflictos Sociales de la Presidencia del Consejo de Ministros, hay movimientos que están exigiendo un cambio político y, por lo tanto, les corresponde a los actores políticos institucionales, ya sea el Ejecutivo, Legislativo, partidos o instituciones, poner una agenda de diálogo a estas demandas.

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"El que las protestas sean o no legítimas pasa a un segundo plano porque hay un tema en agenda porque son las transformaciones políticas", explicó.

Agrega que el 7 de diciembre fue el estallido de un malestar político que viene de años atrás. "Hace mucho tiempo que las regiones, movimientos sociales y líderes políticos y también la opinión pública plantean un cambio de Constitución o asamblea constituyente. Esa es una demanda que ya lleva más de una década en un sector de la población peruana la necesidad de estos cambios", precisó.

Sobre por qué se demanda en las protestas la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, Caballero dice que ella resulta siendo el catalizador de este descontento social. "Y lo es tanto por su manejo inapropiado de lo que ha sido el conflicto como por el hecho de no construir los espacios de diálogo con una población que le está exigiendo que encabece un proceso de cambio constitucional. Ella resulta siendo el catalizador de este descontento, furia e ira de la población. Pudo haber sido otro también si es que ella no asumía", indicó.

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Acerca de cómo afectan las protestas a los ciudadanos, el experto afirma que ellos son los principales afectados en esta situación de crisis. "Esto debe obligar a las autoridades a tratar de resolver el conflicto lo más pronto posible porque dejar que se genere esta política de masa contra masa, de peruanos enfrentados contra peruanos, no es recomendable bajo ningún punto de vista. Eso exige a las autoridades a encontrar soluciones pronto", apuntó.