Política

Ciudadanos de regiones traen a Lima protesta contra Dina Boluarte

Postura. Delegados insisten en que no se irán hasta que dimita la presidenta. Dicen que el Gobierno está deslegitimado y no hay democracia ni equilibrio de poderes. En Macusani, Puno, ayer se quemó sede judicial y la comisaría, y se reportó una muerte más.

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En conferencia de prensa dirigida a los medios extranjeros, los representantes de las delegaciones de Huánuco, Ancash, Lambayeque, Tacna, La Libertad, Moquegua, Apurímac, el Vraem, Arequipa, Loreto, Cajamarca y Junín señalaron que están en un momento histórico, que significa un hito para la lucha popular de las clases oprimidas, y que no se irán de Lima hasta que Dina Boluarte renuncie a la presidencia de la República.

Dijeron que son conscientes de que no existe democracia en el país y que no los van a poder acallar haciendo uso del terruqueo porque la agenda en el norte, centro y sur del país es clara.

“Sabemos que lo que ha hecho el Congreso es atrapar al Ejecutivo y en este momento tampoco existe equilibrio de poderes. Han atrapado no solo al Ejecutivo, sino también al Tribunal Constitucional. Por eso, el pueblo y las comunidades campesinas se movilizan. Cómo es posible que tengamos que venir a Lima para que entiendan nuestra agenda. Este Gobierno se ha deslegitimado desde el día uno”, cuestionó Leonela Labra Panocca, representante de Cusco.

Julián Pérez, del Vraem, recordó que Boluarte fue terruqueada y ninguneada en un primer momento, pero hoy es la engreída de los grandes medios de comunicación y de todos los congresistas acomodados a ‘don dinero’.

“Eso nos ha traído a este escenario. Este caos político que estamos viviendo es provocado por la derecha, por los golpistas, por la inversión de los grandes poderes económicos que asaltan los recursos del país y que tendrían que solucionar las grandes brechas que no han cerrado”, precisó Julián Pérez.

Por su parte, Olinda Valdez, de La Libertad, cuestionó que al Gobierno no le interesen las demandas del pueblo y sus protestas, que ya llevan más de un mes.

Otras intervenciones de representantes de Apurímac mencionaron que ya tienen 13 muertos en esta región, siete en Andahuaylas y cinco en Chincheros. Acotaron que venían desde Aymaraes, de donde es Dina Boluarte. Le dijeron a la mandataria que ella no lleva la palabra aymarina ni la palabra apurimeña, y que han venido a dignificarse. Afirmaron que se irán cuando la presidenta renuncie y el Congreso se cierre.

Eugenio Allcca, dirigente de la nación chanka de Andahuaylas, aseguró que han venido a defender sus derechos porque la Constitución de 1993 no los representa.

“Discrepamos de la señora Boluarte. Dice que es apurimeña, seguramente es representante de los gamonales de aquellos años. Por lo tanto, hermanos, insto a un paro nacional indefinido hasta lograr nuestros objetivos. Por eso, estamos presentes con nuestra delegación desde Andahuaylas”, dijo Allcca tras relatar los abusos sufridos en la ruta por parte de la policía.

Javier Sánchez, de Lambayeque, sostuvo que se han autoconvocado solidarizándose con el sur y que, a causa de tanta masacre y atropello, “el león del norte ha despertado”.

El secretario general de la CGTP, Gerónimo López, cerró la conferencia de prensa indicando que el paro cívico popular de hoy, jueves, será con movilizaciones pacíficas.

“Deslindamos de cualquier acto de vandalismo que empañe la lucha justa y democrática de los ciudadanos y ciudadanas que han llegados de provincias y también de Lima”, afirmó.

El dirigente pidió a la prensa extranjera que los acompañe ante posibles agresiones o detenciones por parte de la policía. Requirió también la presencia de la Defensoría del Pueblo.

No se informó por dónde irá la marcha, pero trascendió que se tratará de llegar al Congreso.

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Un muerto más en Puno

En Puno, las protestas no cesan. La autoconvocatoria masiva de ronderos de Macusani, provincia de Carabaya, para exigir la renuncia de Dina Boluarte, terminó con la muerte de una mujer y un herido grave tras enfrentamientos con la policía.

Iván Fernández Mamani, director de la Red de Salud de Carabaya, informó que la primera víctima ingresó sin vida a las 18:00 h con impacto de bala de bala en la cabeza con orificio de entrada y salida. Quienes la internaron la identificaron como Sonia Aguilar. Sería natural del distrito de Ayapata.

El herido fue identificado como Salomón Valenzuela Chua (60), por impacto de bala en el tórax. Es miembro de las rondas campesinas de Carabaya.

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Según los ronderos, fueron provocados por los miembros del orden y la situación se salió del control. Los efectivos policiales se atrincheraron para repeler el ataque que recibían desde el exterior con piedras.

Fue entonces cuando se informó que el local del Poder Judicial en Macusani fue incendiado y varios expedientes fueron lanzados a la vía pública. Además, se reportó que un depósito de cervezas había sido saqueado.

En la noche, los efectivos policiales abandonaron la comisaría y esta fue incendiada.

Los efectivos policiales escaparon hacia un descampado haciendo disparos al aire. Un helicóptero partió del aeropuerto de Juliaca, aterrizó en Macusani y después volvió a despegar.

El enfrentamiento con las fuerzas del orden tuvo lugar cuando los ronderos estaban a punto de regresar a sus pueblos al promediar las 16:30 h, después de haber participado de un mitin en la plaza de Armas de Macusani, por la renuncia de Boluarte y en solidaridad con las poblaciones quechuas y aimaras que partieron a la capital.

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Fiscales e investigación

En un pronunciamiento, la Junta de Fiscales Supremos lamentó las muertes ocurridas durante las protestas.

“Se han impartido instrucciones generales y específicas desde la Fiscalía de la Nación para asegurar una investigación que logre resultados objetivos, respetando los enfoques de derechos humanos e interculturalidad”, precisó.

Agregó que respetan la autonomía de los poderes y órganos constitucionales del Estado. “Ese respeto mutuo impide la intervención en las decisiones de los órganos de Gobierno y en los criterios jurídicos que adoptan los fiscales conforme a sus competencias reconocidas en el ordenamiento constitucional”, indicó la Junta de Fiscales.