El salvataje del ex Banco Wiese no cumplió los requisitos indispensables para llevarse a cabo. La operación se inició en junio de 1999 y permitió que la referida entidad financiera no quebrara gracias a un aval del Estado peruano de 231 millones de dólares.Ex viceministro asegura que supo de operación dos meses después. Resoluciones no llevan su firma. Luigi Faura. El salvataje del ex Banco Wiese no cumplió los requisitos indispensables para llevarse a cabo. La operación se inició en junio de 1999 y permitió que la referida entidad financiera no quebrara gracias a un aval del Estado peruano de 231 millones de dólares. Eso es lo que se desprende de las recientes declaraciones del entonces viceministro de Hacienda Alfredo Jalilie, quien ante el Tercer Juzgado Anticorrupción, declaró el martes que las resoluciones ministeriales que se emitieron para la consolidación (salvataje) del Banco Wiese debieron llevar su firma así como la del director de Crédito Público y del director del Tesoro Público. Pero, según el testimonio del ex viceministro del régimen fujimorista, ello nunca ocurrió. Jalilie sostiene que en las referidas resoluciones solo aparece la firma del responsable del área de Asesoría Legal del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). No obstante esta irregularidad, las resoluciones igual se publicaron y salieron. Jalilie entregó las resoluciones ministeriales a la Sala que lo procesa y que serían las pruebas que lo eximirían de responsabilidad penal. El papel de Joy Way Pero no solo eso. El ex viceministro asegura que recién se enteró de la operación del salvataje el 30 de Julio de 1999 –casi dos meses después de iniciado– cuando el entonces ministro de Economía, Víctor Joy Way, a través del memorando 001, del 30 julio, le pide que disponga que el director de Crédito Publico firme el aval del Estado por US$ 231 millones. "Hubo perjuicio contra el Estado" El 24 de junio de 2005, Contraloría General de la República señaló que el programa de consolidación o 'salvataje' del Banco Wiese originó un perjuicio al Estado al considerar que se adoptó una conducta contraria a la tutela de los intereses del Estado pues "se actuó con una inusual y evidente celeridad en la emisión de normas" para el salvataje, "con consecuencias lesivas al patrimonio del Estado". El documento oficial señala que los hechos detectados permiten concluir que hay indicios de peculado, concusión y corrupción de funcionarios en la modalidad de aprovechamiento indebido del cargo, por lo que disponía iniciar las acciones legales contra los responsables.
