La Cantuta y Barrios Altos: deudos quedarían desprotegidos de aprobarse ´Ley de Amnistía’

Este lunes 17 de junio, la Corte Interamericana de Derechos Humanos realizó la audiencia pública de solicitud de Medidas Provisionales en los casos de Barrios Altos y la Cantuta, respecto a la aprobación en primera votación por el Congreso de la denominada 'Ley de Amnistía', la cual propone declarar inaplicable el delito de lesa humanidad antes del 2002.

En ese sentido, la representante de los familiares de las víctimas, Gisela Ortiz, indicó que el Estado peruano no está garantizando los derechos de los deudos y aseguró que durante los últimos 40 años han realizado diversas acciones para encontrar justicia a través de una investigación imparcial. Subrayó que las autoridades, hasta el momento, no han logrado dar con el paradero de los "violadores de derechos humanos" en sus casos.

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"Estamos aquí para defender nuestro derecho a la verdad y a la justicia, derechos que el Estado peruano no está garantizando. Durante estos 30 y 40 años, hemos sido los familiares de las víctimas quienes hemos estado activamente exigiendo no solo una investigación imparcial y la individualización de los responsables que realizaron la violación de los derechos humanos, sino también condenas efectivas. En este momento, el Estado peruano no ha capturado a varios violadores de derechos humanos en nuestros casos", dijo en su intervención en la audiencia de la Corte IDH.

Congreso protege a los violadores de los derechos humanos

La también ex ministra de Cultura durante el Gobierno del expresidente Pedro Castillo enfatizó que el Estado peruano no ha cumplido con las reparaciones civiles establecidas por el Poder Judicial para que los familiares de las víctimas de los casos de Barrios Altos y La Cantuta sean beneficiados. Aseguró que las pocas sentencias que han podido ser concedidas se verían en peligro si el Parlamento decide ratificar el proyecto de ley denominado 'Ley de Amnistía'.

"Denunció que el Legislativo propone iniciativas para que los 'violadores de los derechos humanos' sean protegidos, mientras que los familiares de las víctimas no encontrarían justicia."

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"En estos momentos, el Estado peruano no ha cumplido con el pago de las reparaciones civiles establecidas en condenas judiciales. Las pocas sentencias que tenemos actualmente se encuentran en peligro de quedar impunes frente a los proyectos de ley de un Congreso que es muy activo para defender a los violadores de derechos humanos, pero que no piensa en ningún momento en los derechos de los familiares de las víctimas", sentenció.

Gobierno de Boluarte desacata sentencia de la Corte IDH

Ortiz manifestó que el Gobierno de la presidenta Dina Boluarte se encuentra en desacato frente a las sentencias emitidas por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos y calificó al presente régimen como "autoritario". Asimismo, indicó que para los deudos no podría haber tranquilidad si el Legislativo decide ratificar la mencionada propuesta.

Además, solicito a los organismos internacionales de derechos humanos observar la denominada 'Ley de Amnistía' para que se dispongan las acciones correspondientes. Remarcó que no pueden quedarse tranquilos sabiendo que los responsables de las muertes de sus familiares se encuentren libres al aprobar una propuesta cuestionada.

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"Dentro de un gobierno autoritario que no respeta los derechos humanos y que se encuentra en desacato frente a las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, los familiares de las víctimas no pueden encontrar tranquilidad mientras persista la impunidad. Tenemos un compromiso de vida y amor con nuestros seres queridos para defender el derecho a la justicia, pero es igualmente importante que todos los organismos internacionales de derechos humanos nos ayuden a garantizar el derecho a la justicia que nos corresponde. No podemos quedarnos tranquilos sabiendo que los violadores de los derechos humanos de nuestros familiares quedarán en libertad", indicó.

Tribunal Constitucional podría darle la razón al Congreso respecto a la ´Ley de Amnistía´

El abogado de los familiares de las víctimas de los casos Barrios Altos y La Cantuta, Carlos Rivera, señaló que si el Parlamento decide ratificar la denominada 'Ley de Amnistía' y esta es llevada a un proceso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, la mencionada institución podría darle la razón al Congreso debido a que, en su percepción, el TC se encuentra en una posición de desacato del Estado peruano respecto a las sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

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"El Tribunal Constitucional formalmente tiene las competencias y atribuciones de declarar una ley inconstitucional a través de un proceso de inconstitucionalidad. Tenemos la impresión y la convicción de que en estas actuales circunstancias existe una composición del Tribunal Constitucional que ha generado una posición de desacato del Estado peruano respecto a las sentencias de esta Corte interamericana y, consecuentemente, sobre la ley que estamos discutiendo (...) Por lo tanto, nos da la impresión de que el Tribunal Constitucional, al someterse a un proceso de inconstitucionalidad en los actuales momentos, es altamente probable que termine decidiendo a favor de la constitucionalidad de esta disposición ('Ley de Amnistía'). Por consiguiente, la posición de las víctimas quedaría en una absoluta desprotección", sostuvo el letrado.

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No es una ´Ley de Amnistía´, señala defensa del Estado peruano

César Pastor Briceño, representante del Estado peruano, indicó durante su intervención en la audiencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que el proyecto de Ley n° 6951/2023 CR no sería considerado como una "Ley de Amnistía", puesto que los condenados por los casos de Barrios Altos y La Cantuta fueron sentenciados por homicidio calificado, secuestro, entre otros hechos punibles. Por consiguiente, la solicitud de los deudos no podría proceder ante el organismo internacional.

"Esta no es una ley de Amnistía. Lo que se señala como argumento en esta solicitud es que esta ley es de amnistía. Además, porque los condenados de los casos de La Cantuta y Barrios Altos conforme a esos tipos penales ordinarios fueron condenados por el delito de homicidio calificado, secuestro, entre otros. Esta norma no tendría un efecto que generaría lo que ellos señalan (deudas de las víctimas), que es la excarcelación de los condenados por los delitos y casos de Barrios Altos y La Cantuta", dijo el representante del Estado Peruano.