Proceso contra Alejandro Toledo seguirá paralizado

Por Alonso Collantes

La acusación que presentó en agosto de 2020 el fiscal José Domingo Pérez contra el expresidente Alejandro Toledo y otros ocho involucrados por beneficiar presuntamente a Odebrecht en la carretera Interoceánica Sur, todavía no podrá ser revisada en el Poder Judicial ni continuar su trámite para llegar a un próximo juicio oral.

El proceso se mantendrá pausado tras una última decisión del juez Richard Concepción Carhuancho, quien negó un pedido del fiscal Domingo Pérez para que el caso Interoceánica Sur (tramos 2 y 3) vuelva a dividirse en dos partes. Con ello, Pérez buscaba que simultáneamente se pueda investigar a cuatro empresas (GyM, Graña y Montero, ICCGSA y JJC) y se avance con revisar la acusación contra Alejandro Toledo y otros involucrados en la recepción de aproximadamente US$35 millones de Odebrecht.

Esta solicitud fiscal llegó con la forma de un recurso de “cesura” que sustentó esta tarde la fiscal adjunta Graciela Rojas en la que, en esencia, pedía que se tramiten paralela e independientemente, la acusación contra Toledo por un lado y, por otro, el proceso contra las cuatro empresas.

El magistrado Concepción Carhuancho, sin embargo, resolvió que se estaba pidiendo lo mismo que ya había sido revertido por un tribunal superior meses atrás. “En rigor, la Fiscalía pretende la separación del proceso penal en dos. Si bien se han utilizado dos etiquetas jurídicas (cesura y desacumulación), en el fondo buscan lo mismo (...) la pretensión del Ministerio Público se trata de un asunto que ya ha sido resuelto anteriormente, por lo que el pedido fiscal debe ser declarado improcedente”, sostuvo.

Antecedentes

Originalmente, este caso estaba dividio en dos. Sin embargo, tal como informó La República en noviembre de 2021, un tribunal de apelaciones revirtió esta separación. Una de sus consecuencias inmediatas fue que no se pudiera avanzar con revisar la acusación en el Poder Judicial mientras no se definirera primero si las cuatro empresas citadas previamente iban a ser acusadas o no.

Desde aquella oportunidad, la Primera Sala Penal de Apelaciones indicó además que no se podía investigar dos veces por el mismo hecho, pues debía primar la unidad del proceso y que se le concediera un tiempo razonable a las empresas para que puedan ejercer su derecho a defensa. Algo que no pudieron hacer al momento en que la Fiscalía presentó su acusación en 2020.

El juez Concepción Carhuancho aclaró así que, tal como lo había indicado el tribunal superior, la “cesura” era la pausa de la etapa intermedia (revisión de la acusación fiscal contra Toledo y otros) y no la división del caso en dos expedientes, como lo entendió la Fiscalía.

Asimismo, el magistrado exhortó al Ministerio Público “que cumpla con la decisión de la Sala Superior para que proceda conforme a sus atribuciones”. Es decir, que pueda dar una prórroga de plazo para investigar a las empresas, una reposición o la cesura con el fin de que pueda instalarse la revisión del caso contra Alejandro Toledo una vez que se determine la situación de las cuatro empresas.

Si bien la Fiscalía ha apelado esta decisión con la finalidad de que pueda dividirse el caso en dos, esta ha interpuesto también un recurso ante la Corte Suprema para que sea esta la que tenga la palabra final sobre el proceso contra Alejandro Toledo.

Acusados

En agosto de 2020, el fiscal Domingo Pérez acusó a 9 personas incluyendo a Alejandro Toledo y pidió el archivo para otras 3 por el caso IIRSA Sur. No obstante, el caso se ha paralizado por resoluciones judiciales adversas.

La relación de penas que solicitó la Fiscalía es la siguiente:

• Alejandro Toledo Manrique (acusado a 20 años y 6 meses de prisión)
• Sergio Bravo Orellana (acusado a 9 años de cárcel)
• Alberto Pasco-Font Quevedo (acusado a 9 años de cárcel)
• Avraham Dan On (acusado a 9 años de cárcel)
• José Graña Miro Quesada (acusado a 20 años y 6 meses de prisión)
• Fernando Camet Piccone (acusado a 20 años y 6 meses de prisión)
• José Castillo Dibós (acusado a 20 años y 6 meses de prisión)
• Hernando Graña Acuña (acusado a 11 años y 6 meses de prisión)
• Gonzalo Ferraro Rey (acusado a 11 años y 6 meses de prisión)

Al exmandatario se le imputó haber pactado irregularmente con la constructora brasileña Odebrecht para que gane el concurso sobre la vía IIRSA Sur y recibir, a cambio de ello US$35 millones, aproximadamente. Actualmente, Toledo reside en Estados Unidos pero está a la espera de que la Secretaría de Estado en dicho país pueda confirmar su extradición al Perú.

Asimismo, para los exdirectivos de GyM, José Graña Miró Quesada y Hernando Graña Acuña, se pidieron 20 años y medio, y 11 años y seis meses de prisión, respectivamente.

El empresario Gonzalo Ferraro Rey y los exejecutivos de JJ Camet, Fernando Camet Piccone; y de ICCGSA, José Castillo Dibós; todos exsocios de Odebrecht cuando conformaron el consorcio para ganar la licitación de la Interoceánica Sur, podrían pasar también varios años en prisión.