Defensores ambientales asesinados: ¿qué se está haciendo mal?

Por Ximena Mejía y Alejandro Céspedes (Perú Legal).

Una semana antes de terminar el mes de marzo se identificaron cuatro casos de asesinatos contra defensores ambientales: Juan Fernández Huánuco, Jesús Antaihua Quispe, Nusat Parisada Benavides de la Cruz y Gemerson Pizango Narvaes. Según datos recogidos por la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA) desde el inicio de la pandemia se han elevado a catorce el número de defensores ambientales asesinados en el país.

Antes de ocurrir estos asesinatos, se denunció ante las autoridades las amenazas de muerte que venían recibiendo. Pero esto no fue suficiente.

El apu Miguel Guimaraes, vicepresidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), quien también protege a los defensores indígenas, asegura que las garantías de vida que otorga el Estado, en la práctica, no tienen ningún sentido. Dice sentirse preocupado, ya que la mayoría de las denuncias terminan archivadas, incluso teniendo pruebas suficientes como para continuar con la investigación.

¿Qué se está haciendo mal?

Para Marina Navarro, directora de Amnistía Internacional Perú, no se están haciendo los esfuerzos suficientes para detener estos crímenes.

“Pedimos investigaciones inmediatas y exhaustivas, independientes e imparciales, tal como rige en los estándares de derechos humanos. No se están dando las medidas de protección necesarias, no hay protocolos para la actuación del Ministerio del Interior ni hay recursos para la protección a los defensores ambientales”.

Este protocolo, señala Navarro, se debe basar en medidas de protección diferenciadas.

“Primero, tener recursos para implementarlo, luego poder brindar formación especial a la Policía Nacional y que las medidas de protección se establezcan de forma diferenciada. No es lo mismo hablar de mujeres, hombres, pueblos indígenas, una comunidad en la selva o en la sierra”, aclara.

Tres defensores ambientales de pueblos indígenas fueron asesinados en Puerto Inca, Huánuco.

La ley y los defensores ambientales

Andrea Bernal Chávez, encargada del área legal del Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica (CAAAP), explica por qué las normas que deberían proteger a los defensores ambientales son desarrolladas de manera incorrecta.

“Creo que el problema no es la aplicación, sino también la forma en la que están planteadas las normativas nacionales. En el caso de pueblos indígenas es muy limitante la forma en la que están dirigidas, que es a la defensa individual, cuando los pueblos indígenas trabajan colectivamente”.

Carlos Quispe Dávila, especialista legal de Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR), explica que esta oleada de asesinatos a defensores ambientales se incrementa cada vez más debido a la impunidad que existe.

“No se puede implementar una herramienta normativa si no se ha dimensionado el problema. Debemos empezar a ver esto como un crimen organizado”.

¿Por dónde empezar?

Quispe Dávila sugiere empezar con fortalecer la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental, proceder con otorgar mayor presupuesto y que la Policía Nacional pueda recopilar información. Asimismo, entender que esta red criminal que ataca constantemente a los defensores ambientales está compuesta también por funcionarios estatales.

Por otro lado, señala que debemos dejar de ver a los pueblos indígenas como personas indefensas que el Estado debe proteger.

Todos los expertos consultados en este informe coinciden en la importancia que Perú pueda ratificar el Acuerdo de Escazú. Esta herramienta puede brindar una mirada individual y colectiva desde la protección de los defensores ambientales hasta el cuidado del medioambiente.

Cabe resaltar que, en octubre del 2020, la Comisión de Relaciones Exteriores archivó este pacto ambiental, por la creencia de que “afectaría la soberanía del país”. Asimismo, recientemente una sentencia del Tribunal Constitucional (TC) señaló que el derecho a la consulta previa “no tiene carácter de derecho fundamental” y tampoco un “rango constitucional”.

Mientras tanto, el apu Miguel Guimaraes cuenta que han enviado, desde Aidesep, una agenda al Poder Ejecutivo que recoge las necesidades de los pueblos y espera que pronto confirmen la fecha de la reunión con el presidente Pedro Castillo, junto con las comunidades indígenas amazónicas.