Abogado de sobrinos de Pedro Castillo aseguró que se allanarán al impedimento de salida
La defensa de ambos investigados por el caso Puente Tarata indicó que los imputados no tienen “ninguna intención de abandonar el país”.
- Presidente Balcázar impulsó ley de nombramiento automático que terminó favoreciendo a su hijo
- Gore La Libertad gastó casi medio millón de soles para promocionar gestión de César Acuña
Durante la audiencia de impedimento de salida del país contra los sobrinos del presidente Pedro Castillo, Fray Vásquez y Gian Marco Castillo, la defensa de ambos imputados señaló que se allanarán a la medida que adopte el Poder Judicial.
“Independientemente de este argumento y las discrepancias jurídico-académicas que pueda tener con relación al requerimiento, debo expresar que nuestra parte no va a formular una oposición y nos vamos a allanar porque quiero expresar que no tienen ninguna intención de abandonar el país”, señaló la defensa.
TE RECOMENDAMOS
WOLFGANG GROZO: ¿QUIÉN ES? Y CRISIS DEL GAS | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS #FEEG2026
PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno
Desde las 9.00 a. m., el Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia de Lima viene evaluando el impedimento de salida contra los sobrinos del jefe de Estado, quienes son investigados por el caso Puente Tarata.
Asimismo, el último 29 de marzo se conoció que la fiscal especializada en corrupción de funcionarios Karla Zecenarro detalló en un informe que, según su investigación, Fray Vásquez Castillo y Gian Marco Castillo Gómez, en confabulación con Zamir Villaverde, ofrecían a compañías constructoras proyectos de carreteras y puentes del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, en particular de los organismos Provías Nacional y Provías Descentralizado.
Villaverde se presentaba como “operador del presidente de la República” a los empresarios interesados. Luego, estos se reunían con los sobrinos del jefe del Estado, quienes coordinaban con el presidente y el exministro Juan Silva la adjudicación concertada ilegalmente de las obras públicas, conforme a la fiscal Zecenarro.
Por estos hechos, la autoridad resolvió ampliar e involucrar a 12 personas en el presunto delito de crimen organizado, tipificado en el artículo 317º del Código Penal.
