Abogado que presentó habeas corpus a favor de Fujimori defendió a su hermano sentenciado por violación
Gregorio Parco Alarcón, quien tiene una sentencia por delito de estafa, ha presentado otros habeas corpus ante el Tribunal Constitucional para liberar a 4 condenados por violación.
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El abogado Gregorio Fernando Parco Alarcón será recordado por propiciar la liberación del dictador Alberto Fujimori a través de un habeas corpus, que presentó en el 2020 y que fue admitido por el Tribunal Constitucional el último jueves 17 de marzo, a fin de restituir el indulto humanitario que le otorgó Pedro Pablo Kuczynski al exmandatario en el 2017.
Si bien Gregorio Parco hasta hace poco era un desconocido en la política del país, en los pasillos del Poder Judicial y Tribunal Constitucional, conocían de cerca sus movimientos. Esto, por haber tratado de liberar a cuatro sentenciados por violación, entre ellos, su hermano, quien fue condenado por ultrajar a una mujer con discapacidad intelectual.
De acuerdo a la información vertida por el portal de Convoca, Gregorio Parco no solo ha introducido el habeas corpus a favor de Fujimori, sino también presentó este mismo recurso para defender a sus patrocinados.
El primer caso data en marzo del 2015 cuando Willians Parco, hermano del abogado de Fujimori, fue capturado en Ica tras ser sorprendido en un acto de agresión sexual contra un joven de 23 años con discapacidad intelectual.
El 30 de mayo de 2016, el Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial de Ica lo condenó a 18 años de pena privativa de libertad por el delito de violación. La resolución, en segunda instancia, fue consentida el 28 de febrero de 2017.
No obstante, Gregorio Parco intentó en el TC que su hermano Willians sea excarcelado y que cumpla arresto domiciliario. De esta manera, alegó que su familiar estaba infectado de COVID-19, y que presentaba enfermedades como asma, diabetes e insuficiencia renal; no obstante, el recurso fue desestimado por los magistrados de dicho organismo.
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Marianella Ledesma, José Luis Sardón y Eloy Espinosa-Saldaña detectaron información falsa, debido a que el Instituto Nacional Penitenciario argumentó que el hermano del abogado no contrajo el coronavirus.
Pero, no ha sido el único caso similar que ha tratado el abogado, puesto que también buscó libertad para los otros tres condenados por violación sexual, según detallan fuentes de la justica de Ica.
El caso se remonta al 9 de marzo de 2020, cuando Parco Alarcón presentó un habeas corpus a favor de los sentenciados Ángel Chino Ticona, Diego Edison Teodoro Chate Oré y Edgar Conde Cárdenas.
Los dos primeros fueron condenado por la justicia a 30 años de prisión por el delito de violación sexual en agravio de dos menores de edad, hechos que ocurrieron en 1998 y 2014, respectivamente. Diego Chata también fue condenado por ese mismo delito en perjuicio a una menor de 13 años de edad en el 2004, igual que Edgar Conde, quien atacó a una menor de siete años.
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La estrategia utilizada por Gregorio Parco fue similar a la que utilizó con su hermano Willians. Adujo que sus defendidos estaban expuestos a la COVID-19 y que habían sido vulnerados en sus derechos a la libertad personal, de defensa y del principio de legalidad penal.
Los alegatos no fueron suficientes para los integrantes del TC, quienes con voto unánime declararon improcedente los recursos de habeas corpus en mayo de 2021.
Sentencia contra Gregorio Parco
A inicios del 2013, el Primer Juzgado Penal Unipersonal de Ica condenó a Gregorio Parco a cuatro años de pena privativa de libertad suspendida por el delito de estafa y falsificación de documentos en agravio al ciudadano Alejandro Laos Brache por la venta de unos terrenos. La sentencia incluía el pago de 3.000 soles.
No obstante, en diciembre de 2014, la Fiscalía pidió que se revoque la prisión suspendida para que se vuelva efectiva. Fue así que el Segundo Juzgado Penal de Ica dispuso el internamiento inmediato de Parco Alarcón en un establecimiento penal, donde estuvo desde el 5 de mayo hasta el 5 de junio de 2015.
Tras salir de prisión, Parco presentó un recurso ante la justicia de Ica buscando que se revoque el plazo de dos años de prueba y de cumplimiento de reglas de conducta. Sin embargo, la sala mantuvo el plazo. Desde esa fecha, el litigante continuó buscando que alguna instancia legal admita su petición cumpliendo de todas maneras su condena.
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