Defensoría sobre denuncia de publicidad estatal: “Constituiría delito e infracción administrativa”

Luego de que la ex secretaria de comunicaciones de la Presidencia del Consejo de Ministros, Ximena Pinto, denunciara que el primer ministro Aníbal Torres no le permitió que difunda publicidad sobre retorno a clases en un medio de comunicación en particular, la Defensoría del Pueblo se ha pronunciado sobre ello para solicitar a las autoridades que investiguen el hecho.

“La denuncia realizada por la ex secretaria de comunicación social de la PCM sobre incumplimiento deliberado de las normas de publicidad estatal constituiría delito e infracción administrativa. Corresponde a la Fiscalía y Contraloría actuar conforme a sus atribuciones”, publicó en Twitter.

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Como se informó, Pinto renunció a su cargo luego de que el presidente del Consejo de Ministros le diera la negativa en dos oportunidades sobre la pauta publicitaria que se tenía que colocar en medios de comunicación masivos, en particular, prohibió su difusión en los medios del Grupo El Comercio.

“No se le puede poner publicidad del gobierno a medios que se prestan para estar criticándonos todo el día“, dijo Torres, según Pinto.

Además, la exfuncionaria denunció que Torres la habría acusado que querer favorecer al medio en mención, pese a que la recomendación para la distribución de la publicidad se hace mediante criterios de alcance nacional.

“La secretaria de comunicación social de la PCM maneja 18 millones de soles. El inicio de la campaña escolar es una campaña pública que se tiene que difundir por los medios de radio y televisión, y no es algo que uno puede elegir a dedo, eso lo elige una central de medios basados en la audiencia”, sostuvo.

Consejo de la Prensa cuestiona direccionamiento de publicidad

A su vez, el director ejecutivo del Consejo de la Prensa Peruana, Rodrigo Salazar, cuestionó que el primer ministro Aníbal Torres esté evitando que se distribuya la publicidad del Estado a medios en particular, luego de que la ex secretaria de comunicación de la residencia del Consejo de Ministros, Ximena Pinto, denunciara el hecho.

“Esto aparenta ser una suerte de caso de corrupción, dirigir los recursos públicos con intereses particulares, ya sea de un premier, de un ministro, de cualquier funcionario público es algo que no debe ser tolerado”, manifestó a Canal N.