Tregua sí, pero con control político e idoneidad y sin contrarreformas

La tregua entre el Ejecutivo y el Legislativo, anunciada el miércoles, deja varias preguntas por responder. Dos son posiblemente las más importantes: cuáles serán las consecuencias inmediatas de este aparente entendimiento, y hasta cuándo durará. “En un principio, que pueda haber una relación de menor tensión —aunque solo sea por un tiempo— es positivo, porque el enfrentamiento constante solo genera incertidumbre, inestabilidad o desazón entre los ciudadanos. Pero la tregua parece estar en el aire en muchos sentidos”, dijo la politóloga Paula Távara.

No le falta razón. El gabinete debe ir el 8 de marzo al Pleno (aunque el presidente Castillo pidió ayer que se adelante al lunes 28 de febrero) para pedir el voto de investidura y será interesante saber si el Legislativo exigirá para entonces que se hagan cambios, sobre todo en dos carteras, la de Salud y la de Transportes, ambas a cargo de ministros muy resistidos.

La dinámica que se ve hasta ahora desde el Congreso, como bien hizo notar el analista Jeffrey Radzinsky, es la de un poder que se dedica a criticar al Gobierno y a los ministros, pero que no va más allá. Recordó que no se ha procedido a interpelaciones. Es decir, existe una evidente disociación entre el discurso y un efectivo control político. El temor fundado es que esto siga tal cual, ahora que Gobierno y Parlamento parecen haberse dado la mano.

No es solo el asunto de los ministros. Existe una agenda de contrarreforma en el Congreso que pone en peligro, por ejemplo, a la Sunedu. Otro tanto ocurre con reformas constitucionales de sospechosa calidad y oportunidad. ¿Qué hará el Ejecutivo frente a ello en este nuevo escenario que se abre?

Para la expremier Mirtha Vásquez, la tregua debería girar sobre una agenda urgente, con puntos específicos tales como asegurar la continuidad de la vacunación y el retorno a las clases presenciales, el respeto a la carrera y función públicas, las reformas ambientales y de la Policía para la lucha contra la inseguridad y —muy importante— un “pacto antirreformas”. Pero hasta ahora no se tiene claro si existe una agenda común.

“¿Esta agenda se encuentra centrada en acuerdos mínimos para la gobernabilidad, el desarrollo, o es una que tiene que ver con la sobrevivencia mutua, teniendo en cuenta que el 74% de los ciudadanos ha dicho que se vayan todos? ¿Esto es solo para su supervivencia o también hay algún nivel de reparto, no solo de puestos sino de objetivos comunes como las contrarreformas? Esa es la duda que queda”, insistió Távara.

Como se recuerda, el miércoles, la presidenta del Legislativo, María del Carmen Alva, junto a representantes de todas las bancadas —incluida la de Perú Libre—, ofreció un pronunciamiento. “Queremos decirle al ministro (Aníbal) Torres que aquí estamos, que queremos seguir reuniéndonos para definir acciones de consenso. Seamos respetuosos con el otro y démosle un respiro al Perú”, indicó.

La respuesta del Ejecutivo llegó a través del propio premier Torres: “Todo queda superado con lo expresado por la presidenta del Congreso”, dijo horas después. Un cambio en la narrativa bastante curioso. El lunes, Torres acusaba a una parte del Congreso de querer capturar el poder con una vacancia presidencial. Pero cuando se esperaba que desde el Congreso la réplica fuese furibunda, el llamado más bien fue a conversar.

Hay algunas explicaciones. El domingo una encuesta de Ipsos reveló que la gran mayoría de los ciudadanos, el 74%, prefería que se convocara a elecciones generales (es decir, presidenciales y legislativas) en caso el presidente Pedro Castillo y la vicepresidenta Dina Boluarte fueran separados de sus cargos.

De esa forma, la expectativa de una parte del Legislativo de hacer caer al Gobierno, y al mismo tiempo quedarse en sus escaños hasta el 2026, no se ve políticamente realista. Eso por un lado. Por el otro, y ya desde lo estrictamente numérico, como dijo Radzinsky, el Ejecutivo tuvo éxito en conformar a un gabinete que le garantice que el Pleno no alcance los 87 votos necesarios para sacar a Castillo.

El también analista Julio Schiappa lo plantea de esta manera: “Ante la imposibilidad de una solución por la vía violenta, como la vacancia presidencial o el cierre del Congreso, se ha optado por la ruta pacífica que es negociar una estabilidad temporal”.

¿Hasta cuándo la bandera blanca permanecerá izada? “Da la impresión de que esto está principalmente pensado de aquí hasta el 8 de marzo. Si pensamos en narrativas políticas, a ambas fuerzas no les conviene dejar de ser opuestas una de otra, sobre todo al Parlamento por como ha ido configurando su funcionamiento. A las bancadas más opositoras no les conviene ser vistas como aliadas. Su base política es justamente ser de oposición”, explicó Paula Távara.

Es un pacto de intereses sin visión de país

Por David Sulmont, analista

No queda claro cuáles son los criterios que están detrás de este acuerdo de convivencia. No se ven grandes orientaciones programáticas respecto a las prioridades nacionales. Es un acuerdo de no agresión en el que el Congreso deja hacer al Ejecutivo, y el Ejecutivo no amenaza al Congreso; pero ese acuerdo puede darle carta blanca al Ejecutivo para ir llenando el Gobierno con cuadros poco preparados y usarlo como una especie de clientelismo.

El Congreso, al darle esta tregua, ¿piensa ejercer su capacidad fiscalizadora frente a casos como los del ministro de Salud, el ministro de Transportes, que tienen cuestionamientos? Por otro lado, el Ejecutivo puede no oponerse a proyectos de bancadas que representan intereses particulares. Unos de los más notorios son los ataques a la reforma universitaria y la Sunedu. Este equilibrio de baja intensidad puede dar cierta estabilidad, pero es mediocre, no va a fortalecer ninguna institucionalidad ni capacidades que el Estado necesita para ver los problemas. Es un pacto de intereses particulares sin visión de país.