Aenza, antes Graña y Montero, firma acuerdo preparatorio de colaboración eficaz
La constructora se comprometió con el Equipo Especial Lava Jato a pagar cerca de S/ 480 millones de reparación civil, tras confirmar que cometieron delitos corrupción en 16 proyectos.
La empresa Aenza, anteriormente conocida como Graña y Montero firmó un acuerdo preparatorio de colaboración eficaz con el equipo del Ministerio Público y la Procuraduría Ad Hoc del caso Lava Jato, con lo cual se comprometieron a pagar una reparación civil al Estado peruano de alrededor de S/ 480 millones.
Para ello, la Cofide o el Banco de la Nación administrarán la creación de un fideicomiso mediante el cual se abonará en 12 cuotas el pago, teniendo como cuota inicial S/ 14 millones aproximadamente.
La Procuraduría Ad Hoc del caso Lava Jato calculó el monto de la reparación civil haciendo uso de las fórmulas y parámetros de la Ley 30737 y su reglamento; además, se le suma los intereses legales y deberá ser cancelada en un lapso de 12 años.
Esta indemnización se debe a los daños ocasionados tras confirmar que cometieron delitos de corrupción en 16 proyectos de infraestructura, entre los cuales se encuentra el Gasoducto Sur Peruano, la Vía Expresa Sur de Lima, la Carretera IIRSA Sur, tramos 2 y 3, la Línea 1 del Metro de Lima y la Carretera IIRSA Norte.
Asimismo, el pago también se dará por la simulación de competencia en los concursos públicos de otras 48 obras, dentro del esquema denominado Club de la Construcción. Debido al pacto, antes GyM colaborará con la justicia con información relevante sobre las obras que estén dentro del convenio.
Aenza renunció a iniciar cualquier tipo de proceso contra el Estado por proyectos en convenio
A la vez, el compromiso señala que Aenza no iniciará procesos arbitrales, judiciales o administrativos contra el Estado peruano por los proyectos que están incluidos en el convenio, ya sea en sede nacional o internacional.
Antes de firmarse el acuerdo final, que se dará dentro de los próximos 60 días, la constructora tendrá que acreditar que no presenta alguna deuda exigible en materia laboral y tributaria. Luego, el compromiso será elevado al Poder Judicial.
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