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Partidos esperan que ONPE tenga capacidad de fiscalizar

Reforma. Marisol Pérez Tello (PPC) criticó que el 50% del financiamiento público directo esté destinado a los procesos electorales convocados, cuando debería ser para capacitación.

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Los partidos políticos están de acuerdo con que la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) acceda a sus cuentas a fin de fiscalizar su financiamiento, sin embargo, no están seguros de que tengan la capacidad para asumir esta tarea. Así se expresaron dirigentes del Partido Popular Cristiano (PPC), el Frente Amplio, y el APRA sobre la reforma aprobada el viernes en el pleno del Congreso.

Marisol Pérez Tello, secretaria general del PPC, refirió que habrá mayor transparencia, pero teme que la ONPE no cuente con los mecanismos suficientes. “Hay que supervisar a 130 candidatos por cada partido que postula y tiene un plazo de 6 meses para esa fiscalización, si no, no procede la posibilidad de sanción. Y si no tiene recursos, no podrá cumplir con las tareas que se le ha asignado”, dijo.

Jorge del Castillo (APRA) comentó que le inquieta que la función de control esté en manos de funcionarios que no sepan cómo se maneja una organización política e impongan arbitrariamente multas y sanciones como si se tratara de “una empresa privada”.

Ambos cuestionaron que en la norma se establezca que el 50% del financiamiento público directo esté destinado a los procesos electorales convocados.

“Es grave que se haya aprobado que el 50% del dinero que reciben los partidos pueda ser usado para campaña. Es inmoral. El financiamiento público no es para hacer campaña, sino para formar cuadros”, refirió Tello.

Marco Arana (Frente Amplio) manifestó que, si bien es un avance para la transparencia que la ONPE acceda a las cuentas de los partidos para su fiscalización, no es suficiente lo que se ha aprobado. Asimismo, criticó que la norma votada el viernes eleva la cantidad de UIT por persona.

“Se mantiene un nivel muy alto de aporte individual que podría permitir que haya un superpitufeo a través de aportantes falsos. Si amplías esa cantidad, lo que haces es aumentar el riesgo de corrupción de los partidos”, aseveró Arana.

Espera que la norma cuente con un reglamento por el cual la ONPE tenga las capacidades (recursos, personal) para asegurar la transparencia en el manejo de los fondos de los partidos, más aún “cuando hemos tenido una ONPE agujereada por mafias de corrupción”.

Para Tello, del Castillo y Arana el reglamento debe dejar claro cuáles son las faltas atribuibles a los candidatos y cuáles a los partidos.

Transparencia

Carlo Magno Salcedo, jefe de doctrina del Partido Morado, señaló que si los partidos reciben financiamiento privado, deben estar sometidos a la supervisión de la ONPE, en aras de la transparencia.

Calificó como positivo que se disponga de una franja electoral más extensa para que los ciudadanos conozcan la oferta electoral, dado que ya no se puede contratar publicidad directamente a los medios de comunicación.

Fortalecer capacidades

Samuel Rotta, director ejecutivo de Proética

Lo que buscaba la reforma era incorporar una serie de sanciones progresivas. Se estableció un grupo de faltas leves, graves y muy graves. La más grave de todas era la cancelación de la inscripción. La negociación política que hubo estos días ha llevado a que se elimine la sanción más drástica, pero nos queda la opción de que si no se subsana una multa leve, esta se convierta en grave y, entonces, se aplique las faltas correspondientes a ese nivel.

Lo importante aquí será cómo la ONPE responde ante ese nuevo reto porque exigirá mejores capacidades para detectar las infracciones, que cuenten con peritos más especializados, y, además, una mejor capacidad auditora.

El peso va a recaer en la implementación de este nuevo régimen de sanciones; y en ese proceso será fundamental cómo la ONPE adapta y fortalece sus capacidades internas.

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Licenciada en Ciencias de la Información con especialidad en periodismo de la Universidad de Piura (UDEP). Redactora de la sección política del diario La República. Experiencia como redactora e investigadora para el área política de otros medios impresos y de televisión.