COVID-19: rechazan apelación de Ludith Orellana para suspender condena de 10 años
Sala Anticorrupción estimó que no hubo claridad en el pedido de la hermana de Rodolfo Orellana contra su sentencia por organización criminal.
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Ludith Orellana Rengifo deberá permanecer en prisión cumpliendo su condena de 10 años por liderar una organización criminal entre 2009 y 2013, dedicada a obtener terrenos de manera ilegal con participación de la Sunarp.
Los jueces superiores que integran la Sala de Apelaciones Anticorrupción no admitieron este último lunes el recurso de la hermana de Rodolfo Orellana que buscaba precisamente que se suspenda la ejecución de su condena dictada el 17 de febrero de 2020.
Acorde a la resolución que obtuvo La República, el tribunal estimó que en la apelación de Ludith “tampoco se verifican los agravios ni los fundamentos de hecho y de derecho”, además de carecer de precisión en sus fundamentos para salir del penal Anexo Mujeres de Chorrillos.
En primera instancia, la juez Fernanda Ayasta, quien condenó a Ludith así como a otras 18 personas en el caso Orellana, había rechazado su pedido para suspender la sentencia el pasado 4 de junio.
El pasado 25 de mayo Ludith resultó positivo al coronavirus (COVID-19) y fue aislada junto a otras 4 internas que también resultarán infectadas en el penal Anexo Mujeres de Chorrillos. Esta información fue verificada luego de que el INPE confirmara también que la sentenciada se encontraba estable. Este hecho fue también uno de los argumentos que se esgrimieron para que no se ejecute temporalmente la condena en su contra.
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Otros sentenciados
En total, el 17 de febrero la jueza Fernanda Ayasta dictó sentencia a 19 personas en primera instancia por el caso de los 47 inmuebles “direccionados” con ayuda de la Sunarp entre 2009 y 2013.
La acusación presentada por los fiscales anticorrupción Elvis Suárez y Eiser Jiménez, en este sentido, fue acogida por por el Poder Judicial en febrero dictando la sentencia respectiva. Falta aún que esta sea evaluada y confirmada en segunda instancia.
Carlos Vargas Machuca, uno de los condenados y que se encuentra prófugo de la justicia, pidió también el 5 de junio que se suspenda la ejecución de la sentencia alegando el hacinamiento de los penales y la crisis que se vive por el COVID-19.
Por su parte, Álvaro Delgado Sheelje, exsuperintendente de Sunarp, ha presentado un hábeas corpus al Juzgado Penal de Lima para resguardar su salud y no se vea afectado por el virua en el penal Miguel Castro Castro, donde reside cumpliendo una condena de 6 años y 8 meses de prisión.
Declaratoria de inadmisibilidad del recurso presentado por Ludith Orellana.
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