El TC nombra a Ferrero Costa como ponente de la demanda contra la suspensión del cobro de peajes
La próxima semana se votará si se admite o no el recurso presentado por procurador público, Luis Huerta. De ahí, se correrá traslado al Congreso para que responda en 30 días hábiles.
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El magistrado del Tribunal Constitucional (TC), Augusto Ferrero Costa, fue nombrado como ponente de la demanda presentada el martes por el Ejecutivo, para declarar la inconstitucionalidad en contra de la ley aprobada por insistencia en el Congreso el 7 de mayo, la cual ordena suspender el cobro de peajes durante el estado de emergencia por la pandemia.
La próxima semana, en tanto, se votará la admisibilidad de esta demanda, informaron fuentes del TC. Después de ello, se le correrá traslado a la parte demandada -es decir, el Parlamento- para que responda en el plazo máximo de 30 días hábiles. Luego se convocará a la vista de la causa. Como etapa final, el TC tendrá que definir un día para debatir y votar. Todo el proceso debería demorar unos dos meses. Para que la demanda prospere, se necesitan cinco votos de siete.
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La demanda constitucional se sustenta sobre tres criterios. El más importante tiene que ver con el artículo 137 de la Constitución, que establece la competencia del Ejecutivo para decretar los estados de emergencia y dictar las medidas que considere pertinentes al respecto. Así lo explicó el procurador público representante del Ejecutivo ante el TC, Luis Huerta.
En ese sentido, Huerta dijo que el Ejecutivo considera prioritario mantener operativa la red vial para el movimiento de personas y vehículos, para lo cual se necesita el financiamiento que proviene, precisamente, del cobro de peajes.
Los otros dos artículos constitucionales invocados son el 58, que reconoce que el Estado puede intervenir en ciertas áreas como la infraestructura vial para el desarrollo del país, y el 62, que establece que las leyes no pueden modificar los términos contractuales.
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La suspensión de los peajes fue criticada desde el Gobierno por diversos motivos. Uno de ellos es que, de los 79 que operan a nivel nacional, ya se suspendió el cobro en 56 que, o son manejados por el Estado o son cofinanciados con la empresa privada. Así, lo decidido por el Pleno solo afecta a 23 peajes privados, repartidos entre seis concesiones.
El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) ha advertido que estas concesionarias dejarán de ofrecer sus servicios de mantenimiento, limpieza y grúa, los cuales deberán ser asumidos por el Estado. María Antonieta Alva, precisó que el monto ascendería a unos 700 millones de soles.
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