Rafael Vela pide a Fiscalía observar cumplimiento de arresto domiciliario frente al COVID-19

El coordinador del Equipo Especial Lava Jato, Rafael Vela, solicitó conocer si la Policía Nacional del Perú cumple con la vigilancia del arresto domiciliario que los investigados por el caso Lava Jato deben obedecer.

Vela Barba, por intermedio de la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, pidió el informe del ministro del Interior, Carlos Morán, sobre el adecuado desarrollo de la medida mencionada, la cual se efectúa como reemplazo de la prisión preventiva a fin de acatar el estado de emergencia por la propagación del coronavirus en el país.

“Ello es importante, ya que es la medida de sustitución que están adoptando los órganos jurisdiccionales para variar las medidas de prisión preventiva decretadas a los investigados por el denominado caso “Lava Jato”, debiéndose conocer cómo se está desarrollando la misma”, se lee en el documento.

Asimismo, señaló que el resguardo policial también fue dispuesto para observar la inmovilización social obligatoria en el contexto de la cuarentena que tiene por objetivo evitar el aumento de contagios por COVID-19.

“Se ha dispuesto el desplazamiento de personal policial para que se cumpla dicha medida excepcional dispuesta, incluyendo la vigilancia para el cumplimiento de la inmovilización social obligatoria de todas las personas en sus domicilios desde las 18:00 horas hasta las 04.00 horas del día siguiente a nivel nacional –entre ellos Lima-”, indica Rafael Vela.

En ese sentido, el coordinador del Equipo Especial mostró preocupación porque los Juzgados de Investigación Preparatoria Nacional están realizando audiencias que no se encontrarían dentro del rubro de urgentes e inaplazables durante el aislamiento establecido a nivel nacional.

“Genera preocupación las convocatorias a audiencias virtuales y/o presenciales, que no se encontrarían dentro de los presupuestos de urgentes e inaplazables para su realización, que conlleven a que se tenga que vulnerar el Estado de Emergencia con aislamiento social dictado por el Poder Ejecutivo, ya que el representante del Ministerio Público tendría que acudir a las instalaciones del Ministerio Público a revisar el contenido de la carpeta fiscal dada la gran complejidad de los casos que se tramitan en el Equipo Especial”, sustentó.